La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el retiro de permisos a organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos no fue una decisión política, sino resultado de revisiones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que no estaba enterada previamente de estas cancelaciones y que se trata de procedimientos internos de la autoridad fiscal. “Les voy a ser muy franca, no sabía de las organizaciones; es un análisis técnico del SAT”, dijo.
Explicó que este tipo de determinaciones no pasan por la Presidencia, ya que corresponden a criterios administrativos y fiscales. “No es que el SAT me pregunte: ‘oiga presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación’, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas”, afirmó.
Sheinbaum también reconoció que desconoce cuántas asociaciones han sido afectadas, aunque mencionó que podrían ser cientos. “Es una decisión técnica del SAT, yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así. Ni siquiera sabía que eran 300, ni modo que todo le pregunten a la presidenta en el gobierno, para eso hay secretarías, para eso hay áreas”, señaló.
La presidenta subrayó que únicamente interviene cuando se trata de temas estratégicos para el país, por lo que descartó haber dado alguna instrucción en este caso.
Al referirse a antecedentes, mencionó a la organización Mexicanos contra la Corrupción, que también perdió su estatus de donataria autorizada en el sexenio anterior. “¿Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción?”, comentó, al señalar que ese proceso derivó de revisiones iniciadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según explicó, en ese caso el SAT argumentó la recepción de recursos del extranjero como motivo para retirar el permiso.
Finalmente, insistió en que este tipo de autorizaciones dependen exclusivamente del cumplimiento de requisitos fiscales. Por ello, reiteró que “es una decisión técnica del SAT, no una decisión política del gobierno”.
