Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación al poder en 2018, el discurso y la política pública del gobierno federal han estado marcados por un eje central: la eliminación de privilegios en la alta burocracia y la contención del gasto público.
A más de siete años del inicio de ese proyecto político, el debate vuelve a colocarse en el centro con un anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que enviará al Congreso una iniciativa para disminuir las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de confianza del gobierno federal.
El anuncio se realizó el miércoles 18 de febrero, y es parte de la política de austeridad que ha definido tanto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador como a la administración actual.
De acuerdo con lo expuesto por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián, la propuesta busca establecer que las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no puedan superar el 50% de las remuneraciones que percibe la Presidenta, con excepción de aquellas jubilaciones contempladas en las condiciones generales de trabajo.
La mandataria sostuvo que el objetivo es terminar con esquemas que han permitido beneficios desproporcionados y garantizar un uso responsable de los recursos públicos, los cuales, afirmó, deben destinarse a los programas del Bienestar.
EL ORIGEN DE LA AUSTERIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO
La reducción del salario presidencial marcó el arranque de la política de austeridad con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, en 2018.
Antes de ese ajuste, el titular del Ejecutivo percibía más de 200 mil pesos mensuales. López Obrador fijó su ingreso en alrededor de 108 mil pesos netos al mes y estableció el principio de que ningún servidor público podía ganar más que el Presidente, criterio sustentado en el artículo 127 de la Constitución.
Este principio quedó plasmado en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y, posteriormente, en la Ley Federal de Austeridad Republicana, aprobada en noviembre de 2019.
Ese tope salarial se mantiene en la actual administración. Para 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un salario de 193 mil 706 pesos mensuales brutos y 134 mil 290 pesos netos, de acuerdo con el tabulador oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este monto representa el límite máximo legal de percepciones en el servicio público federal.
A partir de esa legislación, se prohibieron prestaciones adicionales como seguros médicos privados con cargo al erario, bonos especiales y otros beneficios para mandos superiores, además de establecer medidas de contención del gasto en toda la Administración Pública Federal.
Las disposiciones obligaron a dependencias, organismos y empresas productivas del Estado a ajustar tabuladores salariales y prestaciones. Instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también aplicaron recortes en salarios, esquemas de retiro y prestaciones, bajo el argumento de corregir prácticas consideradas excesivas.
PENSIONES VITALICIAS Y SÍMBOLOS DEL PASADO
Otra de las medidas emblemáticas fue la cancelación de las pensiones vitalicias a expresidentes, un beneficio que se otorgaba desde 1976 mediante acuerdos presidenciales. Antes de su eliminación, los exmandatarios recibían una pensión mensual equivalente al salario de un secretario de Estado, además de personal administrativo y seguridad pagados con recursos públicos.
La supresión del beneficio, formalizada en 2018, fue presentada por el gobierno federal como un paso necesario para erradicar privilegios sin sustento legal y alinear el gasto público a los principios de austeridad. La decisión generó reacciones y controversias, particularmente entre algunos exmandatarios que defendieron el esquema previo.
Al respecto, en noviembre de 2018, Vicente Fox expresó públicamente que, aunque consideraba que legalmente tenía derecho a la pensión que recibía, estaba dispuesto a renunciar a ella “si es por el bien de México”, postura que difundió en escritos y posicionamientos públicos en los que señaló que su decisión podría ayudar al país.
Años después, en declaraciones realizadas en 2023 y 2025, Fox volvió a referirse al tema al señalar que la pérdida de la pensión le generó dificultades económicas personales, al enfrentar gastos como seguros de gastos médicos sin el apoyo previo, y reconoció que la eliminación de ese ingreso tuvo un impacto directo en su situación financiera.
A su vez, el avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-8 Dreamliner adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón y recibido en la administración de Enrique Peña Nieto, se convirtió desde 2018 en uno de los principales símbolos del discurso contra los privilegios.
Al asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador ordenó dejar de utilizar la aeronave al considerar que representaba un gasto excesivo para el país, y dispuso su traslado a Estados Unidos con el objetivo de venderla, bajo el argumento de que “no podía haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Ante la falta de compradores, en 2020 el gobierno federal impulsó un sorteo organizado por la Lotería Nacional, que no implicó la entrega del avión, sino la repartición de premios en efectivo equivalentes a su valor comercial estimado.
El proceso fue cuestionado por su complejidad y porque la aeronave permaneció bajo resguardo oficial durante varios años. Finalmente, en 2023, el Ejecutivo informó la venta del avión al gobierno de Tayikistán, cerrando un episodio que, más allá del resultado financiero, fue muy polémico.
FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL: AUSTERIDAD Y CONFRONTACIÓN
La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la política de austeridad.
En 2023, durante el gobierno de AMLO, el Congreso aprobó la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que administraba ese poder, con recursos superiores a los 15 mil millones de pesos, al considerarlos asociados a privilegios y falta de transparencia.
El gobierno federal sostuvo que la medida no afectaría derechos laborales y que los recursos debían regresar a la Tesorería de la Federación como parte del objetivo de “acabar con privilegios”. Sin embargo, trabajadores, jueces y magistrados realizaron protestas, paros y promovieron amparos al advertir que algunos fondos financiaban prestaciones y pensiones complementarias.
Tras las reformas legales posteriores, parte de los recursos de fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal comenzaron a transferirse a la Tesorería.
CONTINUIDAD Y NUEVAS REVISIONES
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, el discurso de austeridad no sólo se mantuvo, sino que se planteó su profundización. La iniciativa para revisar las pensiones de exfuncionarios de confianza se inscribe en esa lógica, al buscar cerrar espacios legales que han permitido la existencia de pensiones consideradas desproporcionadas.
En diciembre de 2025, durante la conmemoración de los siete años de la Cuarta Transformación, la presidenta recordó públicamente a militantes y funcionarios que la austeridad republicana implica vivir sin lujos ni privilegios.
En ese mensaje subrayó que, en un país donde una parte importante de la población enfrenta rezagos salariales, no existe justificación ética ni política para que los servidores públicos mantengan estilos de vida alejados de esa realidad.
LUCES Y SOMBRAS DEL COMBATE A LOS PRIVILEGIOS
Pese a las medidas adoptadas desde 2018, el discurso de “fin a los privilegios” ha convivido con episodios que han generado polémica pública y han estado protagonizados por políticos afines a la 4T.
Viajes, propiedades y decisiones administrativas de distintos actores políticos han sido señalados como contradicciones frente al principio de austeridad, lo que ha obligado a rectificaciones, devoluciones de bienes o explicaciones públicas en algunos casos.
Estos episodios han alimentado el debate sobre los límites y alcances reales de la política de austeridad, así como sobre la diferencia entre el marco normativo y su aplicación cotidiana.
La iniciativa anunciada por Sheinbaum reabre ese debate, ahora enfocado en las pensiones de exfuncionarios, y plantea un nuevo capítulo en un proceso que, desde hace más de siete años, ha buscado redefinir la relación entre el poder político, el uso de recursos públicos y los privilegios asociados al ejercicio del gobierno.
