Al señalar que el Poder Judicial escucha a la ciudadanía, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reiteró este lunes 26 de enero que los miembros del máximo tribunal no harán uso de un parque vehicular recientemente adquirido, conformado por 9 camionetas blindadas.
En una conferencia de prensa donde aclaró la polémica compra, Hugo Aguilar explicó que, si esas camionetas se adquirieron, fue porque de la pasada conformación de la corte heredaron un parque vehicular deteriorado.
Según dijo, recibieron 39 vehículos de la pasada conformación judicial: 30 camionetas Suburban blindadas y 9 de la marca Jeep.
Al considerar que las camionetas Suburban eran ostentosas, dijo que las y los ministros planean venderlas, para regresar el dinero al erario y, en cambio, se asignaron los vehículos Jeep, modelos entre el 2019 y 2021, pero estos no estaban en condiciones mecánicas óptimas para hacer “trabajo de campo” y viajar a otros estados.
A ello se sumó que las cuatro camionetas en mejores condiciones que tenía la ‘anterior Corte’, fueron compradas por exministros.
En ese contexto, te contamos tres datos sobre los que se había especulado y que este lunes fueron aclarados sobre las 9 camionetas Jeep Grand Cherokee, compradas recientemente por la Suprema Corte:
1. EL PRECIO
Aunque se especuló que costaron hasta 3.5 millones de pesos, ya con el blindaje, Hugo Aguilar Aclaró que estas en realidad costaron 2.4 millones cada una.
Eso quiere decir que en los nueve vehículos se invirtieron 21.6 millones de pesos.
Además, sin especificar quién fue el proveedor de las camionetas Aguilar justificó incluso que “estuvimos negociando hasta el último minuto para que tuvieran un menor costo".
2. ¿PLACAS DE MORELOS?
Ante versiones que indicaban que dichos vehículos habían sido emplacados en Morelos, posiblemente para evadir el pago de impuestos en la Ciudad de México, donde se encuentra la sede de la Suprema Corte, Hugo Aguilar afirmó que las camionetas aún no cuentan con placas.
Asimismo, señaló que la tenencia inicial se pagó en la Ciudad de México.
3. ¿QUÉ SE HARÁ CON ELLAS?
Aunque ayer se explicó en un comunicado que se busca vender las unidades, el ministro presidente explicó este lunes que, tras un análisis se ha determinado que la solución más fácil es redistribuirlas y ponerlas al servicio de juzgadores que hayan solicitado un protocolo de protección por posible riesgo a su vida.
Según los datos ofrecidos en la conferencia, en el país hay actualmente unos 40 juzgadores que cuentan con protección.
