La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió diversas investigaciones para determinar si hubo omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre, accidente que dejó 14 personas muertas y cerca de 100 lesionadas.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, informó que existen varias indagatorias en curso y que estas se enfocan en revisar los procesos administrativos y operativos relacionados con el proyecto ferroviario. En entrevista con medios, explicó que la ley obliga a la secretaría a auditar a todas las instituciones de gobierno, especialmente ante hechos de alto impacto.
“Nosotros somos, digamos por ley orgánica, tenemos la obligación de hacer auditorías a todas las instituciones de gobierno, todas las dependencias y actividades, particularmente cuando hay un evento desafortunado, muy lamentable en este caso, muy triste”, señaló.
Buenrostro aclaró que el análisis va más allá del accidente mismo y busca establecer si existió alguna falla atribuible a decisiones u omisiones previas. “Más que por el descarrilamiento, lo que estamos viendo es que no haya habido alguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público o de una empresa o de un proveedor que haya provocado o que haya sido omiso en realizar correctamente sus decisiones”, dijo.
La funcionaria recordó que el Tren Interoceánico ya era objeto de auditorías regulares antes del descarrilamiento; sin embargo, tras el siniestro se realizará una revisión más puntual y detallada.
Añadió que las revisiones se reforzarán con el fin de deslindar responsabilidades. “Ahora lo que vamos a hacer es algo más detallado, más específico”, puntualizó.
