Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezó este lunes la recepción formal de las propuestas del Instituto Nacional Electoral (INE), en un encuentro que dejó claras las líneas del gobierno federal: diálogo con el órgano electoral, pero sin garantía de consenso total ni aceptación de todas sus demandas, particularmente en materia presupuestal.
La reunión se llevó a cabo en instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez, donde consejeras y consejeros del INE entregaron documentos con planteamientos para modificar el marco legal que rige los procesos electorales en México. Desde el inicio, Gómez advirtió que la reforma no se construirá a partir de acuerdos unánimes y subrayó que el Ejecutivo no busca someter a las autoridades electorales.
“El gobierno no quiere consejeros avasallados de ningún órgano, no quiere magistrados de ningún órgano jurisdiccional electoral”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la independencia debe traducirse en imparcialidad, legalidad y certeza en las resoluciones.
El funcionario federal adelantó que las propuestas serán analizadas y confirmó que el primer borrador de la iniciativa será entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo miércoles. Sobre la elección judicial, aclaró que deberá realizarse en el año establecido, aunque aún no se define si será concurrente con otros procesos electorales previstos para 2027.
Entre los puntos de mayor distancia, Gómez rechazó la solicitud del INE para que su presupuesto esté vinculado a sus propias necesidades y al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque reconoció que sí habrá ajustes en el sistema de fiscalización electoral.
Por parte del INE, la consejera presidenta Guadalupe Taddei destacó que el instituto ha atravesado múltiples reformas desde su creación y aseguró que esta nueva discusión no será distinta.
“Creo que hay que fortalecer al Instituto Nacional Electoral en su autonomía, claro; en el respeto que se merece en el aspecto presupuestal, por supuesto”, afirmó, al defender la capacidad técnica del organismo y su experiencia en organización electoral, geografía y fiscalización.
Las propuestas entregadas incluyen dos bloques: uno aprobado por la mayoría del Consejo General y otro con planteamientos individuales que no lograron consenso. Entre los puntos comunes se encuentra el fortalecimiento institucional del INE, la permanencia de los organismos electorales locales, la garantía de pluralidad en la representación legislativa y la exploración de nuevas modalidades de votación, como el voto electrónico y por internet.
El consejero Arturo Castillo reforzó esa postura al señalar que la legitimidad de los gobiernos depende de elecciones confiables y de autoridades electorales autónomas. “Necesitamos primero autoridades autónomas e independientes. Que los especialistas en organizar elecciones estén blindados y desvinculados de los intereses políticos”, sostuvo.
A la reunión acudieron nueve consejerías electorales, con la ausencia de Claudia Zavala y Dania Ravel. Con este primer encuentro, el proceso de reforma electoral entra en una fase clave, marcada por el peso político de Pablo Gómez como interlocutor central y por una negociación que, desde el inicio, se anticipa compleja y sin acuerdos automáticos.
