Amnistía Internacional manifestó su inquietud ante la acción militar emprendida por Estados Unidos en Venezuela, la cual derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por órdenes del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.
Mediante un pronunciamiento público, la organización advirtió que esta intervención plantea serias implicaciones para los derechos humanos de la población venezolana y podría constituir una transgresión al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, señaló como alarmante la intención expresada por Estados Unidos de asumir el control del país sudamericano y de sus recursos petroleros.
El organismo internacional subrayó el peligro de una posible intensificación de las violaciones a los derechos humanos, ya sea como consecuencia de nuevas operaciones militares estadounidenses o como respuesta de las autoridades venezolanas frente a dichas acciones.
En ese contexto, Amnistía Internacional exhortó al gobierno de Estados Unidos a actuar conforme al derecho internacional humanitario y de derechos humanos, garantizando la protección de la población civil, el respeto al debido proceso y un trato digno a todas las personas.
De igual forma, llamó a las autoridades venezolanas a evitar cualquier forma de represión adicional contra la ciudadanía, recordando que el Estado tiene la obligación de respetar y salvaguardar los derechos humanos sin distinción.
La organización también demandó garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos y activistas políticos, quienes por años han denunciado violaciones graves y crímenes de derecho internacional atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, en especial con las víctimas y sobrevivientes de estas violaciones, así como con los millones de personas que se han visto forzadas a abandonar el país tras años de abusos y crímenes de lesa humanidad.
Reiteró su llamado histórico para que se investiguen los hechos ocurridos bajo el gobierno de Nicolás Maduro y, cuando existan pruebas suficientes, las personas responsables sean llevadas ante un tribunal independiente e imparcial, con el objetivo de garantizar justicia, reparación y la no repetición de estos hechos.
