La presentación intempestiva de un “borrador” de Reforma Electoral elaborada por la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en fast track desató inconformidades al interior del Consejo General y obligó a posponer la definición de la propuesta que será enviada a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
El documento, entregado a los consejeros sin previo consenso, contenía planteamientos considerados apresurados, técnicamente deficientes e incluso fuera del marco legal.
De acuerdo con fuentes del organismo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo llegar a los 10 consejeros dos archivos extensos —uno con propuestas legislativas y otro con una recopilación de temas por reglamentar— a través de la Secretaría Ejecutiva.
Sin embargo, la mayoría de las consejerías cuestionó de inmediato el contenido y la forma en que fue presentado, pues el texto retomaba sin orden ni sustento jurídico los planteamientos recogidos en los foros internos realizados con delegados, funcionarios y OPLES.
Ante los señalamientos, Taddei sostuvo que los materiales que circularon corresponden únicamente a “insumos internos de trabajo”, y enfatizó que no representan la postura formal del Instituto.
“El martes tenemos reunión para análisis porque estamos construyéndolo de manera colegiada, pero es una pena que un producto interno, que sabemos que es un producto inacabado porque es el primer saque, esté circulando”, afirmó. La consejera presidenta agregó que los once integrantes del Consejo General participarán en la revisión y que no se presentará nada sin consenso.
La molestia entre los consejeros radicó en que varias de las propuestas habían sido descalificadas por su falta de viabilidad. Entre ellas, obligar a los ciudadanos designados como funcionarios de casilla a desempeñar el cargo —cuando hoy es opcional— pese a que en la elección reciente 43.8% renunció tras haber aceptado.
Otras ideas, dijeron, parecían redactadas de manera ambigua, al grado de interpretarse como una obligación para votar. También se incluían modificaciones amplias al proceso de elección de integrantes del Poder Judicial, así como la creación de un fondo nacional para apoyar financieramente a los OPLES ante sus constantes recortes y deudas con el Instituto.
La inconformidad fue tal que la mayoría de las consejerías advirtió que la propuesta no podía presentarse como institucional, pues —según señalaron— incluía “elementos fuera del marco legal, retrocesos y vacíos” y no fue construida de manera colegiada.
Taddei reiteró que la propuesta definitiva se elaborará mediante acuerdos internos y contará con el respaldo del órgano colegiado. Adelantó que será entregada en enero de 2026, y que la fecha prevista es “más o menos el día 12. Es lo que se está estimando”.
“Habrá temas con unanimidad, otros con mayoría, otros con minoría y otros unisolos. Todos son válidos igualmente porque son producto de la reflexión de cada consejería”, dijo.
