En los últimos días se ha vuelto tema de discusión la propuesta de reforma a la Ley Nacional de Aguas, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Resulta que, mientras los afines al actual gobierno federal señalan que propuesta supone un alto a la explotación ilegal de este recurso indispensable, otros consideran que el estado busca acaparar el control sobre el agua para su uso discrecional.
Pero, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿cómo han justificado este cambio a la Ley? ¿Es la primera vez que se hace? En Nación321 te lo contamos.
EL AGUA, UN DERECHO
Para empezar debes saber que en México, a nivel nacional, la legislación sobre el agua se encuentra en la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que ha sido reformada con el paso de los años.
En la Constitución Mexicana se reconoce, en el artículo 4, el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre y asequible para consumo personal y doméstico.
Asimismo el artículo 27 establece que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para regular su aprovechamiento sostenible. De este articulo deriva la Ley de Aguas Nacionales.
Finalmente, el artículo 115 asigna a los municipios la responsabilidad de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
LA LEY DE AGUAS
La llamada Ley de Aguas Nacionales es, en sí, una reglamentación derivada del Artículo 27 de la Constitución. Su misión es regular la explotación, uso o aprovechamiento del agua en México, así como su distribución y control, para preservar su cantidad y calidad en favor de los ciudadanos y el desarrollo sustentable.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, su proyecto de Ley General de Aguas busca reordenar las concesiones otorgadas a particulares en el pasado, un punto al que se oponen desde organizaciones agrícolas.
En este contexto, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales explicó recientemente que la iniciativa tiene como objetivo que el líquido “deje de verse como mercancía”.
De esta manera, el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua; evitando que se transmitan títulos de concesión entre particulares, pero respetando algunas excepciones, como las herencias.
La reforma de ley también incluye la creación de un registro público de concesiones, para garantizar la total transparencia y la eliminación del acaparamiento del agua.
Además se contempla el fortalecimiento de sanciones contra el 'huachicoleo’ de agua y un fondo de reserva de aguas nacionales, para garantizar el suministro a comunidades rurales e indígenas.
¿CUÁNTAS VECES SE HA REFORMADO LA LEY DE AGUAS?
Desde su promulgación en 1992, la Ley de Aguas Nacionales ha sufrido modificaciones por lo menos en siete ocasiones, en 2004, 2011, 2012, 2014, 2016, 2020 y 2023.
Los cambios más significativos han sido en:
2004
Se trató de un decreto integral publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, que fundamentalmente fortaleció a Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- Fortalecimiento de la Conagua: Se reafirmó y fortaleció el papel de la Comisión Nacional del Agua, como la autoridad y administración principal en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Para lograrlo hubo modificaciones administrativas.
- Descentralización de la gestión: Se incluyeron disposiciones para favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos.
- Definiciones y marco legal: Se añadieron o modificaron diversas definiciones en el Artículo 3º de la Ley, incluyendo la de “Zonas Marinas Mexicanas”, para asegurar la congruencia con otras leyes, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
2012
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 2012, a través del decreto del 8 de junio de 2012, firmado por el expresidente Felipe Calderón, fue una respuesta a la reforma constitucional de febrero de 2012 que estableció el derecho humano al agua.
Los principales cambios incluyeron fortalecer la rectoría del Estado sobre el agua, priorizar el uso para consumo humano y doméstico en las nuevas concesiones, y crear mecanismos para la gestión y transparencia del recurso, como el Registro Nacional de Agua (RENA).
Esta reforma definió como “permisos”, aquellos los que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Conagua, para la construcción de obras hidráulicas y otros de índole diversa relacionadas con el agua y los bienes nacionales.
2023
Mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de mayo de 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador realizó reformas a varias leyes en materia de concesiones para minería y agua.
Los cambios más importantes en la Ley de Aguas Nacionales incluyeron:
- Priorización del uso del agua: Se reforzó la disposición de que cualquier concesión o asignación de agua debe priorizar el consumo humano y doméstico sobre cualquier otro uso. En caso de riesgo para la disponibilidad de agua, sólo la Conagua tiene la facultad de disminuir o cancelar el volumen de agua concesionado previamente.
- Limitaciones a la minería: Se establecieron restricciones y condiciones más estrictas para el uso de aguas nacionales en actividades mineras.
- Gestión de descargas: Se establecieron nuevas obligaciones para quienes descargan aguas residuales en cuerpos de agua de jurisdicción federal, incluyendo la adopción de materiales biodegradables.
