El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por un total de 28 millones 834 mil pesos a cinco partidos políticos nacionales por afiliar a personas sin su consentimiento, tras resolver una serie de procedimientos ordinarios sancionadores derivados de quejas ciudadanas.
De acuerdo con el dictamen aprobado, Morena fue el partido más sancionado, con 15 millones 696 mil pesos; le siguieron el PRI, con 5.5 millones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 5.2 millones; el Partido del Trabajo (PT), con 1.7 millones, y Movimiento Ciudadano (MC), con 506 mil 573 pesos.
El PAN fue el único instituto político que no presentó casos de afiliaciones indebidas en este bloque de denuncias.
En total, el INE recibió 917 quejas por afiliaciones y desafiliaciones indebidas. De ellas, en 546 casos no se acreditó afectación, otras fueron sobreseídas por fallecimiento del ciudadano o por haber vencido el plazo de caducidad, y en 259 sí se comprobó la irregularidad, por lo que se aplicaron las sanciones correspondientes.
El consejero Arturo Castillo recordó que las consejerías aplicaron la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que establece que las sanciones solo pueden aplicarse dentro de los dos años siguientes a la denuncia, salvo que existan diligencias complejas que justifiquen el retraso.
La discusión del tema comenzó el viernes por la noche, pero se suspendió debido a desistimientos de algunas quejas, lo que redujo el monto inicial de las multas, que ascendía a 32 millones de pesos. La sesión se reanudó este martes tras un receso de casi cuatro días.
En la misma sesión, el Consejo General del INE también aprobó la destrucción de las boletas y materiales electorales utilizados en la elección judicial, acción que se realizará en coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para reciclar el papel en la impresión de materiales educativos.
Además, se avaló el procedimiento de revisión de informes financieros de organizaciones de observación electoral, de las cuales 33 fueron fiscalizadas.
La sesión inició con un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, y del dirigente limonero Bernardo Bravo, a solicitud del representante del PAN.
