La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno impulsará una nueva Reforma Electoral que busca concretar un proyecto que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, no logró materializar.
La iniciativa, que podría presentarse formalmente en septiembre, contempla una serie de cambios al sistema electoral mexicano con el objetivo de reducir el gasto público, replantear la representación legislativa y fortalecer la participación ciudadana.
La propuesta de reforma forma parte del decálogo de compromisos que Sheinbaum presentó al asumir la presidencia, siendo el punto número 10 de su lista de 100 compromisos de gobierno.
Desde el inicio de su mandato, ha insistido en la necesidad de transformar la estructura del sistema electoral, retomando algunas de las líneas centrales del proyecto que López Obrador presentó en 2022 y que no pudo ser aprobado por falta de mayoría calificada.
¿QUÉ PROPONE LA REFORMA?
De acuerdo con la presidenta, la Reforma Electoral tendrá tres ejes principales:
- Reducción del presupuesto del INE: Sheinbaum ha cuestionado el alto costo de los procesos electorales, señalando que tan solo las recientes elecciones del Poder Judicial costaron 8 mil millones de pesos.
- Disminución del financiamiento público a los partidos políticos: La mandataria considera excesivo el dinero que reciben las fuerzas políticas y ha dicho que, según encuestas previas, esta también es una de las principales inconformidades de la ciudadanía.
- Modificación del sistema de representación proporcional: Se plantea la eliminación de las listas plurinominales, bajo el argumento de que actualmente no garantizan una verdadera representatividad ciudadana.
Además, la propuesta incluiría mecanismos para fortalecer la representación ciudadana, y se prevé que la iniciativa se construya con base en una encuesta nacional para conocer la opinión de la población. La consulta servirá como base para definir los temas concretos que serán discutidos en una serie de foros públicos organizados junto con el Congreso.
COMISIÓN CON HISTORIA Y UN CONTEXTO POLÍTICO
Para diseñar la propuesta, Sheinbaum nombró a Pablo Gómez como coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Gómez, quien dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuenta con una trayectoria de varias décadas en la política mexicana y ya ha participado en reformas similares en el pasado.
Fue, junto con Horacio Duarte, uno de los redactores del proyecto de López Obrador que proponía transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), encargado no solo de los comicios federales y estatales, sino también de consultas y revocaciones de mandato.
El anuncio llega en un momento en que el oficialismo cuenta con mayoría suficiente en ambas cámaras del Congreso para aprobar reformas constitucionales, algo que AMLO no pudo lograr en 2022. Entonces, su propuesta fue frenada por la oposición y terminó derivando en un ‘Plan B’, que consistía en cambios a leyes secundarias, mismos que fueron invalidados por el Poder Judicial.
La presidenta también ha señalado una supuesta “actitud de golpeteo” por parte de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente en el contexto de las elecciones judiciales del pasado 2 de junio.
En esas votaciones —las primeras en las que los ciudadanos eligieron directamente a jueces, tras la reforma impulsada por Morena—, varios consejeros criticaron prácticas del oficialismo como el uso de acordeones para inducir el voto. En respuesta, Sheinbaum acusó a esos consejeros de extralimitarse y asumir funciones que correspondían al Tribunal Electoral.
LAS VOCES EN CONTRA Y LAS QUE QUIEREN PARTICIPAR
Pese al respaldo de Morena en el Congreso, la propuesta ha encendido alarmas entre especialistas y exfuncionarios electorales.
Un grupo de 22 exconsejeros y exmagistrados, entre ellos María del Carmen Alanis, Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Jacqueline Peschard, publicó un pronunciamiento exigiendo que cualquier reforma electoral se construya con base en el consenso, no en la imposición de una mayoría.
Entre sus recomendaciones están: preservar la autonomía de los órganos electorales, profesionalizar los procesos de designación de consejeros y magistrados, mantener bajo control técnico el padrón electoral y asegurar la independencia del Poder Judicial en materia electoral.
Los firmantes advirtieron que una democracia sólida requiere un diálogo plural y riguroso, no decisiones unilaterales.
Desde la oposición, las reacciones tampoco se han hecho esperar. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, acusó a Morena de incoherencia al señalar que, pese a haber prometido devolver el financiamiento público al fundarse, nunca lo hizo.
“En tan solo 10 años, Morena ha recibido $30 mil millones de financiamiento público”, denunció Máynez al señalar que los guindas son el partido político más caro del mundo.
¿Y LA HISTORIA RECIENTE?
La última Reforma Electoral de fondo en México fue la de 2014, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) se transformó en el actual INE, con mayores atribuciones y autonomía. Aquella reforma también abrió la puerta a la reelección de legisladores y promovió nuevos mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular.
Desde entonces, ha habido múltiples intentos por cambiar nuevamente las reglas del juego electoral, pero sin éxito. Con el actual panorama legislativo y el impulso presidencial, esta podría ser la primera gran transformación al sistema electoral en más de una década.
LO QUE SIGUE PARA LA REFORMA ELECTORAL
Sheinbaum ha insistido en que esta será una reforma “construida desde la ciudadanía”. El proceso arranca con una encuesta nacional, continuará con foros públicos y terminará con una propuesta legislativa que, todo indica, Morena podrá aprobar sin necesidad de alianzas.
Aunque aún no se conocen todos los detalles del proyecto, el rumbo es claro: recortar gastos, eliminar plurinominales y centralizar aún más la organización de elecciones.
El debate está abierto, y los próximos meses podrían ser clave para definir si se trata de una reforma que fortalezca la democracia mexicana o que, como temen algunos, ponga en riesgo su equilibrio institucional.
