La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existe un protocolo de atención en los hospitales para los casos de menores de edad embarazadas.
Esto, luego de que se dio a conocer el caso de niñas de 10 años embarazadas en el país.
La Presidenta mencionó que primero las autoridades del hospital tienen que dar parte de inmediato al Ministerio Público.
Explicó que si hay embarazo de una menor de edad por un adulto “puede y debe investigarse como delito y la autoridad está obligada a actuar en defensa del interés superior del menor”.
Destacó que el Código Penal sanciona con 8 a 30 años de prisión a quien sostenga relaciones sexuales con un menor de edad, con o sin violencia.
En este sentido, recordó que en México, está prohibido el matrimonio con menores de edad.
¿CÓMO ES EL PROTOCOLO PARA MENORES DE 15 AÑOS EMBARAZADAS?
Este mecanismo se enfoca en la protección integral de sus derechos y salud, reconociendo la posible violencia sexual como un factor clave.
Se busca garantizar la atención médica, apoyo psicosocial y acceso a la educación, además de denunciar la violencia sexual en caso de existir.
Este incluye:
Atención médica integral. Se prioriza la salud de la adolescente y el bebé, incluyendo atención prenatal, parto y puerperio.
Apoyo psicosocial. Se brinda acompañamiento emocional y psicológico para afrontar el embarazo, la maternidad y posibles consecuencias.
Acceso a la educación. Se garantiza la permanencia en la escuela durante el embarazo y la maternidad, asegurando su continuidad educativa.
Denuncia de violencia sexual. Se establece la obligación de denunciar la violencia sexual en caso de sospecha, de acuerdo con la ley y protocolos específicos.
Información y consejería. Se proporciona información sobre sus derechos, opciones reproductivas y apoyo para la toma de decisiones informadas.
Protocolo de Atención:
Identificación y registro. Se identifica y registra el embarazo de la menor, activando la ruta de atención correspondiente.
Evaluación médica. Se realiza una evaluación médica completa para determinar el estado de salud de la madre y el bebé.
Apoyo legal. Se brinda orientación sobre sus derechos y opciones legales, incluyendo la posibilidad de denunciar la violencia sexual.
Atención psicológica. Se ofrece atención psicológica para abordar las posibles secuelas emocionales del embarazo y la violencia.
