En medio del debate por la nueva iniciativa de Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, aseguró que la propuesta no busca restringir contenidos ni ejercer censura.
“Para que no haya ningún espacio de duda, no hay censura, al contrario es una ley que promueve conectividad que promueve que más personas se puedan usar datos”, declaró el funcionario durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Peña Merino subrayó que la ley tiene como objetivo garantizar el acceso a internet para todos los mexicanos y establecer un marco integral que regule el uso, acceso y operación de las telecomunicaciones en el país.
ELÍMINAN ARTÍCULOS POLÉMICOS PARA DESPEJAR DUDAS
Para despejar cualquier sospecha de control gubernamental, el funcionario informó que se eliminó el Artículo 109, criticado por la oposición por presuntamente abrir la puerta a la intervención del Estado en los contenidos.
Aclaró que su inclusión tenía un carácter técnico, vinculado con la Ley del IVA, y que su eliminación responde al compromiso del gobierno con la libertad de expresión y la transparencia.
También fueron eliminados los artículos 201 y 202, que facultaban a la Secretaría de Gobernación para autorizar contenidos de programas, incluso internacionales. En contraste, se mantuvo el Artículo 210, que prohíbe a los medios de comunicación transmitir “propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros”, salvo en casos de promoción cultural, turística o deportiva.
Pepe Merino enfatizó que la reforma tiene un enfoque social, con el objetivo de reducir la brecha digital y conectar a los más de 15 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a internet. Detalló que 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura 4G, mientras que otros 4.4 millones, aunque con señal disponible, no pueden pagar el servicio.
La iniciativa contempla el uso gratuito del espectro por parte del gobierno para cobertura social, la interconexión obligatoria entre operadores comunitarios y grandes concesionarios, y tarifas accesibles para garantizar la inclusión digital. “El objetivo es no excluir a 15 millones de personas que aún viven sin conectividad”, afirmó.
Pepe Merino explicó que la reforma también plantea una reorganización institucional: las funciones de competencia económica del IFT se trasladarán a una nueva comisión antimonopolio, mientras que se creará un nuevo órgano sectorizado con autonomía técnica para regular las telecomunicaciones. Este estará integrado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Asimismo, se fortalecerán los derechos de las audiencias, dijo, al restituir medidas como los códigos de ética y las defensorías, vigentes desde 2014. La ley también establece que los usuarios tendrán derecho a equipos desbloqueados, recargas en cualquier punto de venta y protección de las posiciones orbitales del país.
Entre otras medidas, se obliga a las empresas a bloquear señales en centros penitenciarios y a aplicar planes de contingencia y retiro ordenado del cableado.
