La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) válido el acuerdo emitido en septiembre pasado por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para asumir por un año el control de la policía municipal de Matamoros, a fin de restaurar el orden público.
Al resolver la Controversia Constitucional 170/2020, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN resolvieron que dicho acuerdo, emitido 13 días después de que se generó una jornada violenta que duró varios días y estuvo a cargo de grupos ligados al crimen organizado, es constitucional.
El municipio consideró que dicha situación representaba una invasión a su competencia, argumentó que fue desestimado. Los ministros señalaron que la controversia del municipio es “procedente, pero infundada” por lo que la desestimaron.
“Se propone. Primero. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional. Segundo. Se reconoce la validez del decreto”, dijeron los ministros en sesión remota celebrada este miércoles.
La decisión está relacionada con el Decreto por el que el gobernador constitucional de Tamaulipas asumió temporalmente (un año) el mando de la policía municipal de Matamoros, por alteraciones graves al orden público y fuerza mayor, documento publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el 22 de septiembre de 2020.
Dicho acuerdo se dio luego de que, entre el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre de 2020, diversos grupos sociales como taxistas en situación irregular, transportistas y otros, con el posible auspicio de una organización delincuencial con presencia en dicho municipio, realizaron manifestaciones públicas y bloqueos de vías generales y locales de comunicación.
Según el gobierno estatal, dichos grupos impidiendo el libre tránsito nacional e internacional y realizaron acciones tendentes a obstaculizar y demandar la suspensión de operativos de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía General de Justicia.
Señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Matamoros tomó conocimiento de la situación, pero fue omisa en atender la situación de fuerza mayor y afectación grave al goce y disfrute de los derechos humanos consagrados en la Constitución, incluyendo el derecho al libre tránsito, libertad de trabajo, comercio, seguridad personal.
Además de que dicha situación “fue manipulada en una campaña de desinformación a través de redes sociales”, con el fin de causar incertidumbre y temor entre la población, deslegitimar y obstaculizar la actuación de las autoridades estatales e impedir el pleno goce de derechos y libertades en el citado Municipio.
La decisión del Tribunal Constitucional se da en medio de la polémica generada por la violencia que se registró el fin de semana pasado en el municipio de Reynosa, donde miembros del crimen organizado asesinaron a sangre fría al menos a 15 civiles.
Las autoridades atribuyeron la sanguinaria acción al Cártel de Golfo y dijeron que el único fin era generar desestabilización en aquella ciudad fronteriza.
