QUERÉTARO. - La diputada Martha Daniela Salgado Márquez, construye una iniciativa de ley que busca sancionar los discursos de odio en el estado de Querétaro.
Se trata de una reforma al Código Penal de Querétaro que consistiría en sancionar los discursos de odio emitidos por funcionarios públicos en redes sociales contra algún sector vulnerable o marginal.
Dicha iniciativa está en cabildeo, pero por lo pronto, el diputado Guillermo Vega Guerrero, coordinador del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) -que es mayoría en el Congreso del Estado-, se dijo a favor de respaldar acciones que lleven a frenar los discursos de odio, en cualquier modalidad que puedan registrarse.
“No puedo hablar a nombre de todo el grupo legislativo, pero yo en lo personal sí estoy a favor de regular discursos de odio, está probado y comprobado que con la violencia verbal empieza otro tipo de violencia”, dijo el diputado panista.
Que sí funcione
Daniela Salgado Márquez, diputada de Querétaro Independiente, explicó que dicha iniciativa es una reforma al Código Penal en el capítulo del título noveno, que consistiría en sancionar los discursos de odio emitidos en redes sociales.
Dijo que se contemplaría una sanción a cualquier persona sin importar posición económica o si es servidor público.
La iniciativa aún se encuentra en construcción, a través de ella la diputada indicó que buscará interponer sanciones penales y administrativas contra toda persona que utilice las redes sociales para promover la discriminación. Las penas las pensó para que se apliquen contra ciudadanos y funcionarios públicos
La legisladora dijo que los discursos de odio son todos aquellos que llaman a la violencia contra diferentes sectores por temas tan variados como clases sociales, diferencias económicas, preferencias sexuales o ser de un grupo catalogado como vulnerable, entre otros.
También indicó que los discursos de odio van más allá de provocar división, llaman a los ataques y a la violencia, se basan en estereotipos colectivos, lo que permite que se difundan con gran facilidad. Además de afectar a quienes se dirigen esos ataques, se traducen en crisis social y económica.
Actualmente, el Código Penal de Querétaro contempla una pena de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y de 50 a 200 días multa, al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, discapacidad o estado de salud, provoque o incite al odio o a la violencia, o niegue o restrinja derechos laborales, entre otros.
