El actual presidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, identificado como D. M. S., fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), derivado de hechos ocurridos durante el proceso electoral 2023-2024.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la investigación está relacionada con una contienda política en la que el ahora imputado y la víctima, identificada con las iniciales Y. N. R., participaron como aspirantes a la presidencia municipal de Salina Cruz.
El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), instancia que integró la carpeta correspondiente y presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba relacionados con la investigación.
Según la Fiscalía estatal, la indagatoria apunta a que durante la contienda electoral se habría desarrollado una estrategia de difusión de contenidos en distintos medios de comunicación con mensajes que buscaban desacreditar políticamente a la entonces candidata.
La institución sostiene que, de acuerdo con los datos incorporados al expediente, presuntamente se habrían realizado pagos a diversos medios para difundir mensajes y videos relacionados con la víctima, con contenidos que cuestionaban su capacidad para desempeñar el cargo de presidenta municipal.
Otro de los elementos señalados por la Fiscalía está relacionado con la difusión reiterada de referencias a que la candidata no era originaria de Salina Cruz, situación que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada dentro de la campaña de desacreditación durante el proceso electoral.
La Fiscalía considera que estas acciones pudieron estar relacionadas con la condición de mujer de la víctima y con su participación en la contienda por la presidencia municipal, por lo que fueron investigadas bajo la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El procedimiento llegó ante una jueza de control, quien, después de analizar los datos presentados por la representación social, determinó dictar auto de vinculación a proceso contra el actual presidente municipal.
La decisión judicial significa que el proceso penal continuará para que se desarrolle la investigación correspondiente y se determine, conforme avance el procedimiento, si existen elementos suficientes para establecer alguna responsabilidad penal.
Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, por lo que el imputado continuará el proceso en libertad bajo las condiciones determinadas por el órgano jurisdiccional.
La vinculación a proceso no constituye por sí misma una sentencia definitiva, por lo que será durante las siguientes etapas del procedimiento cuando se desahoguen los elementos de prueba y se determine la situación jurídica del acusado conforme a las reglas del proceso penal.
El caso tiene como antecedente el proceso electoral local de 2023-2024, cuando Salina Cruz fue escenario de una contienda por la presidencia municipal en la que participaron distintos actores políticos.
La violencia política contra las mujeres en razón de género contempla conductas que pueden afectar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, particularmente cuando tienen como propósito o resultado limitar, anular o menoscabar su participación política por razones vinculadas con su género.
En este caso, la Fiscalía estatal señaló que las conductas investigadas habrían ocurrido durante una etapa electoral y que estuvieron relacionadas con la difusión de mensajes destinados presuntamente a afectar la imagen pública de la entonces candidata y su participación en la contienda.
La resolución judicial abre ahora una nueva etapa dentro del proceso penal, en la que las partes deberán presentar y desahogar los elementos correspondientes ante la autoridad competente.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que continuará con las investigaciones y reiteró que dará seguimiento a los casos relacionados con posibles actos de violencia política contra las mujeres, particularmente aquellos que puedan afectar sus derechos de participación en la vida pública y en los procesos electorales.
