El Gobierno de Oaxaca anunció una nueva estrategia para recuperar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en Juchitán de Zaragoza, municipio que durante la última semana ha enfrentado una crisis política e institucional derivada de la detención de su presidente municipal, la desaparición del Ayuntamiento y la designación de una autoridad municipal temporal.
Durante su visita a Juchitán, el gobernador Salomón Jara Cruz informó que, aprovechando el periodo de transición encabezado por el comisionado municipal Francisco Vásquez Jiménez, se trabajará en la conformación de una nueva Policía Municipal, además de fortalecer los sistemas de vigilancia con más cámaras de videoseguridad y arcos de control en distintos puntos de la ciudad.
El mandatario estatal señaló que existe una pérdida de confianza de parte de la población hacia la corporación municipal, por lo que planteó la necesidad de comenzar un nuevo proceso para integrar la Policía Municipal, con nuevos elementos y bajo esquemas que permitan recuperar la seguridad en la localidad.
A esta estrategia se sumará el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Jara Cruz propuso al C5 incrementar el número de cámaras de videovigilancia y colocar arcos de seguridad en accesos y puntos estratégicos de Juchitán, con el propósito de ampliar las labores de monitoreo y respuesta ante posibles hechos delictivos.
Las medidas anunciadas se producen después de una semana de acontecimientos que modificaron la estructura política y de seguridad del municipio.
El pasado 23 de septiembre, Miguel Sánchez Altamirano, entonces presidente municipal de Juchitán, fue detenido durante un operativo coordinado por autoridades estatales y federales. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el edil era requerido por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.
Durante el mismo operativo también fue detenido Carlos Alberto P. L., identificado como ‘La Parka’. La Fiscalía estatal informó posteriormente que ambos son investigados por su probable relación con una célula delictiva denominada “Los Cromos”, que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales citadas por la dependencia, opera en la región del Istmo de Tehuantepec.
El caso continúa en manos de las autoridades judiciales. Un juez calificó como legal la detención y ambos permanecen bajo prisión preventiva, mientras continúa el proceso para determinar su situación jurídica. La defensa solicitó la ampliación del término constitucional y la audiencia de vinculación fue prevista para el 29 de septiembre.
A partir de la detención del presidente municipal, el gobierno estatal reforzó la presencia de corporaciones de seguridad en Juchitán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca reportó el despliegue de más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá, en coordinación con instituciones federales.
Como parte de las acciones de seguridad también se realizó una revisión de la situación de la Policía Municipal. En ese contexto fueron retiradas para su resguardo armas y municiones que se encontraban bajo responsabilidad de la corporación, ante las condiciones jurídicas y administrativas que enfrentaba el Ayuntamiento.
La crisis de seguridad estuvo acompañada por una ruptura de la estructura institucional del municipio. Ante la detención del presidente municipal y la falta de condiciones para la continuidad del gobierno local, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.
La determinación fue aprobada el 25 de septiembre con 35 votos a favor y ninguno en contra, con lo que se abrió paso a la instalación de una administración municipal temporal.
Posteriormente, el gobernador Salomón Jara Cruz designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza. El nombramiento tiene como objetivo mantener la operación de la administración local durante el periodo de transición y atender asuntos relacionados con la prestación de servicios públicos, gobernabilidad y seguridad.
La Secretaría de Gobernación federal también manifestó su respaldo a la coordinación entre las autoridades federales y estatales para atender la situación en Juchitán y mantener la estabilidad en el municipio.
Con la nueva administración temporal, uno de los principales retos será reconstruir la estructura de seguridad municipal. La propuesta anunciada por el gobernador contempla comenzar prácticamente desde cero la integración de una Policía Municipal, en un proceso que deberá considerar la selección, capacitación y evaluación de los nuevos elementos.
El objetivo será que la corporación cuente con personal que pueda desempeñar labores de prevención, vigilancia y atención de emergencias, además de mantener coordinación permanente con las instituciones estatales y federales.
La estrategia también contempla reforzar la vigilancia mediante tecnología. La instalación de nuevas cámaras permitiría ampliar la cobertura del sistema de monitoreo en calles y zonas consideradas estratégicas, mientras que los arcos de seguridad buscarían fortalecer la vigilancia en los principales accesos al municipio.
Juchitán es uno de los municipios con mayor actividad económica y poblacional del Istmo de Tehuantepec, por lo que la recuperación de la seguridad representa también un desafío para el funcionamiento cotidiano de comercios, empresas, transporte y servicios.
Además de las acciones de seguridad, el gobernador informó que continuará el programa Cayapadu Lii, mediante el cual dependencias estatales realizan recorridos casa por casa para conocer las necesidades de las familias y canalizarlas a las áreas correspondientes.
De acuerdo con el gobierno estatal, en estas actividades participan dependencias relacionadas con bienestar y agricultura, como parte de una estrategia de atención directa a la población.
El gobierno de Oaxaca también ha señalado que mantiene coordinación con el Gobierno de México para atender la situación en el Istmo. En los últimos días, corporaciones estatales y federales han mantenido presencia en Juchitán como parte del operativo implementado después de la detención del presidente municipal.
La nueva etapa para Juchitán comienza así en medio de una transición política y administrativa, con un comisionado municipal al frente del gobierno local, una presencia reforzada de las corporaciones de seguridad y el planteamiento de crear una nueva Policía Municipal.
Las autoridades deberán definir en los próximos días los mecanismos para integrar la nueva corporación, ampliar la infraestructura de vigilancia y garantizar que los servicios municipales continúen funcionando durante el periodo de transición.
Mientras tanto, el proceso judicial contra Miguel Sánchez Altamirano y Carlos Alberto P. L. continuará por separado de las decisiones administrativas adoptadas en Juchitán. La Fiscalía sostiene las acusaciones de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, mientras corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad jurídica de los imputados.
Con estas medidas, el gobierno estatal busca atender los dos frentes que quedaron abiertos tras la crisis: restablecer la operación institucional del municipio y recuperar las condiciones de seguridad para la población, en una localidad donde las autoridades reconocen la necesidad de reconstruir la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública
