A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, persisten obstáculos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, advirtió Amnistía Internacional.
Mediante un comunicado, la organización señaló que uno de los principales pendientes es la entrega de información que permanece en poder del Ejército, pese a que existe un mandato judicial para que sea proporcionada a la investigación.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, indicó que las familias de los estudiantes han exigido la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) con sede en Iguala.
Precisó que dicha información está relacionada con 853 folios que han sido solicitados reiteradamente por las familias, organizaciones sociales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En el texto se recordó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó la entrega de esa información al resolver el juicio de amparo 1350/2023.
Sin embargo, Amnistía Internacional sostiene que el Ejército aún no ha entregado la totalidad de los documentos requeridos.
La organización internacional recordó que, al concluir su participación en la investigación, el 31 de julio de 2023, el GIEI advirtió que la información que había recibido era parcial y que existían otros datos relacionados con la detención y traslado de los normalistas que debían incorporarse a las investigaciones y labores de búsqueda.
Olivares Ferreto consideró que la transparencia constituye un elemento fundamental para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en este caso de desaparición forzada.
Otro de los hechos señalados por la organización es el borrado de videos registrados por cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la información referida por Amnistía Internacional, esta eliminación habría sido ordenada por el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y otras dos personas.
Amnistía Internacional también demandó que este hecho sea investigado debido a la gravedad que representa la posible desaparición de evidencia y un eventual encubrimiento.
El organismo reiteró que el Estado mexicano tiene, conforme al derecho internacional, la obligación de realizar todas las acciones necesarias para esclarecer la desaparición de las personas y llevar ante tribunales ordinarios a quienes resulten responsables, mediante procesos apegados a las garantías de justicia.
La organización también reconoció las aportaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y las organizaciones que han acompañado a las familias durante estos 12 años.
Sostuvo que cualquier nueva información relacionada con el caso debe ser compartida, antes que nada, con las familias de los estudiantes, quienes continúan exigiendo verdad, búsqueda y justicia.
