El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad reformas para tipificar como delito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de incorporarlos a actividades delictivas, una práctica que ahora podrá ser castigada con hasta 20 años de prisión.
La reforma establece penas de 10 a 20 años de cárcel y multas de 800 a mil 600 días para quien reclute, enliste, integre o incorpore, por cualquier medio, a una o varias personas menores de 18 años para cometer actividades consideradas delitos.
Las penas podrán aumentar hasta en una mitad, hasta 30 años de prisión, cuando existan agravantes.
Entre ellas se contempla que el responsable sea familiar de la víctima, tenga su custodia, guarda o educación; que sea servidor público; que utilice violencia física o psicológica, abuso de poder, o que se aproveche de una situación de vulnerabilidad.
También se aplicará este aumento cuando la víctima se encuentre en condiciones como abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, situación de calle o discapacidad, entre otras circunstancias especiales de vulnerabilidad.
Además del castigo penal, las modificaciones obligan a las autoridades estatales y municipales a implementar protocolos especializados para detectar y atender a menores víctimas de reclutamiento, incluyendo atención psicológica, reinserción social y mecanismos de justicia restaurativa.
Los cambios fueron realizados a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal de Sinaloa y surgieron de cuatro iniciativas presentadas por separado por Morena, PVEM, PRI y la diputada morenista, Arely Berenice Ruiz López.
