Dos órdenes de aprehensión en contra de Mario Antonio ‘N’ y Anthony ‘N’ fueron ejecutadas por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE BC), luego que esta última determinara que los hombres podrían ser los responsables del homicidio de Richard, joven de 28 años que fue asfixiado hasta la muerte al interior del Centro de Rehabilitación Jireh, de la Patrulla Espiritual.
Fue el pasado viernes 21 de agosto cuando Richard fue golpeado brutalmente en distintas partes de su cuerpo, lesiones que quedaron visibles en el tórax, piernas, barbilla y frente.
El Servicio Médico Forense (Semefo) determinó a través de la necropsia practicada que el paciente falleció por asfixia mecánica, debido a sofocación por un obstáculo físico que no permitió la entrada de aire a los pulmones.
Luego del crimen no hubo personas detenidas, siendo alrededor del mediodía del pasado sábado 29 de agosto cuando la Agencia de Estatal de Investigación (AEI) y la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad lograron ubicar y detener a Mario Antonio ‘N’ y Anthony ‘N’.
Fue un Juez de Control del Estado de Baja California quien emitió las ordenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja, por lo que los dos hombres asegurados quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará si son responsables o inocentes de la muerte violenta en el Centro de Rehabilitación Jireh.
El recinto se encuentra ubicado en la calle Melchor Ocampo, en el poblado Ejido Matamoros, en Tijuana, espacio donde el hoy occiso fue ingresado por sus padres de familia para tratarlo contra el alcoholismo.
La Patrulla Espiritual ha conseguido una amplia popularidad a través de las redes sociales, al hacer públicos los momentos donde privan de la libertad a personas en condición de calle y con problemas de adicción a alguna droga para llevarlos a sus centros de rehabilitación.
En los vídeos se ve al líder y fundador de estos espacios, Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido popularmente como ‘El Chiquilín’, perseguir en una camioneta junto a otro grupo de hombres a las personas que ellos consideran requieren atención para dejar los estupefacientes.
Lo anterior ha generado un público que apoya la labor, mientras que activistas de la comunidad LGBTI+, defensores de los derechos humanos, entre otros, señalan como negativo que haya un tratamiento forzado y, además, exhibiendo a las personas afectadas de manera pública.