El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, se sumó a las voces que han dado su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán luego de que el gobierno de Estados Unidos le retirara la visa, al considerar que se trata de un asunto de carácter político y de una presunta injerencia en los asuntos internos de México.
El mandatario tabasqueño sostuvo que la decisión forma parte de una estrategia del “conservadurismo” para intervenir en el país y cuestionó que, hasta ahora, no se hayan presentado pruebas o argumentos que sustenten la medida contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pues es un tema eminentemente político, ¿no? Es la injerencia, quieren intervenir en nuestro estado, como lo han hecho en América Latina”, afirmó.
Después de la carta, ‘Andy’ expresó su desconto por la revocación de su visa, el gobernador de Tabasco, May Rodríguez consideró que la determinación estadounidense responde a intereses políticos y mediáticos, al tiempo que aseguró que la población mexicana tiene un alto nivel de conciencia para defender la soberanía nacional y los logros de la llamada transformación.
“Sin pruebas, sin argumentos, es nada más un tema mediático, es el conservadurismo que está interviniendo en nuestro país”, señaló.
El morenista agregó que la ciudadanía será la que determine el rumbo político del país y aseguró que la derecha no logrará avanzar debido a que, desde su perspectiva, existe una decisión social de defender los cambios impulsados por la llamada Cuarta Transformación.
“No porque lo diga yo. Es porque el pueblo está decidido a defender los logros de la transformación y cada vez está tomando decisiones más importantes para el futuro”, expresó.
Mientras tanto, López Beltrán continúa con sus actividades partidistas, recorriendo las comunidades del distrito 6, en donde aspira a ser candidato a la diputación federal.
GOBIERNO NO LITIGA EN MEDIOS EL CASO DE HERNÁN BERMÚDEZ
En otro tema, May Rodríguez afirmó que el gobierno estatal no interviene ni litiga en medios de comunicación los procesos de carácter penal, al ser cuestionado sobre la carta difundida por el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán ‘N’, quien se declaró inocente y anunció que presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El gobernador señaló que las investigaciones corresponden a las fiscalías y que la impartición de justicia está en manos del Poder Judicial.
“No litigamos estos temas de carácter penal. Hay una institución de la Fiscalía que investiga, quienes llevan a cabo, quienes están a cargo tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía General de la República, que son las encargadas de esta parte”, explicó.
Añadió que corresponde a las autoridades judiciales determinar si existen responsabilidades o si prevalece la presunción de inocencia.
“Y en todo lo que tiene el Poder Judicial es el encargado de aplicar la justicia”, puntualizó.
May Rodríguez sostuvo que el proceso contra el exfuncionario debe continuar conforme a derecho y que será al término del procedimiento cuando se determine su situación jurídica.
“Hasta donde sé, hay un proceso que se está llevando y que lleva su curso de manera legal y que pues va a llegar a su término. Cuando tenga que llegar a su término, pues se determinará si es culpable o es inocente”, manifestó.
Cuestionado sobre si se deslindaba de los señalamientos relacionados con el caso, el gobernador rechazó que se trate de un deslinde y reiteró que el Ejecutivo estatal no es el encargado del caso.
“No, de ninguna manera, nosotros no vamos, no litigamos estos temas”, respondió.
Hernán Bermúdez acusó al mandatario de construir una narrativa de culpabilidad en su contra a pesar de que aún no hay sentencias en los procesos abiertos en Tabasco.
El exfuncionario estatal, al que se ha señalado como el líder de La Barredora, presumió décadas de trayectoria en el servicio público, tiempo en que fue parte de los gobiernos priistas de Roberto Madrazo y Manuel Andrade, así como de los morenistas que encabezaron Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado busca declararlo culpable por los delitos de asociación delictuosa, extorsión, secuestro, peculado y desaparición forzada, con penas máximas que podrían sumar más de 200 años de cárcel.
