Con 38 votos a favor, el Congreso de Guerrero aprobó la Ley número 569 para Prevenir, Investigar y Sancionar la Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero, Araceli Ocampo Manzanares, presentó ante el Pleno el dictamen para expedir la nueva ley, al señalar que la norma responde a años de exigencia de colectivos y familiares de víctimas.
Durante su intervención, la legisladora morenista afirmó que la iniciativa tiene como origen la experiencia de quienes han enfrentado la desaparición de un ser querido y destacó que las familias fueron la base para construir esta nueva legislación.
Ocampo Manzanares recordó que desde hace dos legislaturas los colectivos impulsaron una actualización del marco legal vigente, pero fue en la actual legislatura cuando se retomó el compromiso de crear una ley acorde con las necesidades actuales de búsqueda, investigación y atención a víctimas.
Entre los principales avances de la nueva norma, mencionó la creación del Centro Estatal de Identificación Humana, la regulación de Centros Temporales de Resguardo Humano, la integración de registros estatales vinculados con plataformas nacionales, el Banco Estatal de Datos Forenses y el fortalecimiento del Sistema Estatal de Búsqueda.
En su mensaje final, dedicó la aprobación de esta ley a las víctimas de desaparición en Guerrero, entre ellas personas cuyos casos han marcado la historia del estado, así como a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y a todas las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.
La diputada local del PAN, Irene Montiel Servín, respaldó la nueva ley en Guerrero, al reconocer que representa un avance para armonizar la legislación estatal con la norma federal y fortalecer las instituciones de búsqueda. Sin embargo, advirtió que la ley solo será efectiva si cuenta con recursos suficientes para su implementación.
La diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, manifestó su respaldo a la nueva Ley, al señalar que representa una respuesta a una de las demandas más sensibles de las familias de personas desaparecidas.
Desde la tribuna, la legisladora habló también desde su experiencia como familiar de una víctima de desaparición forzada y sostuvo que la iniciativa fue construida con las aportaciones de colectivos de búsqueda e instituciones, por lo que no se trata de una ley elaborada únicamente desde el ámbito gubernamental.
Afirmó que la ley fortalece las acciones impulsadas por el gobierno federal y llamó a mantener la lucha por la verdad, la justicia y la memoria de las personas desaparecidas, dedicando un mensaje a su familiar Victoria Fernández, desaparecida hace 46 años, a quien dijo que su familia continúa buscando.
En tanto, la diputada local María del Pilar Vadillo Ruiz llamó a evitar la confrontación política durante la discusión, al considerar que el problema de las desapariciones no debe utilizarse para responsabilizar únicamente a administraciones pasadas.
Desde la tribuna, la legisladora priista cuestionó las declaraciones de la diputada Bazán Fernández, quien la antecedió en el uso de la palabra y sostuvo que la violencia y los asesinatos continúan ocurriendo en la actualidad, por lo que pidió mayor objetividad, sensibilidad y prudencia al abordar el tema.
Vadillo Ruiz señaló que, si el propósito es construir un mejor Guerrero, todas las fuerzas políticas deben privilegiar el diálogo y los acuerdos, en lugar de generar confrontaciones innecesarias durante el debate legislativo.
Mientras, la diputada local del PRI, Beatriz Vélez Núñez, anunció su voto a favor de la nueva legislación al considerar que representa un avance histórico en la protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e identificación.
