Un total de mil 146 años y seis meses de prisión es el acumulado de sentencias que se han dictado contra 20 objetivos prioritarios en el Estado de México como parte de la Operación Enjambre.
Las sentencias se han dictado en el marco de este plan, que investiga y detiene a servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto, así como por su participación y colaboración con grupos criminales con presencia en el Estado de México.
Tras las detenciones y con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía del Estado de México, jueces del Poder Judicial local han dictado 15 sentencias condenatorias en contra de 20 sujetos, las cuales, en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión, detalló el gobierno mexiquense en un comunicado.
Detalló que el 16 de diciembre de 2025, María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión por el delito de homicidio en agravio de integrantes de su administración.
Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, fue sentenciado por dos delitos: el 29 de enero de 2026 a 40 años de prisión por homicidio, y el 22 de abril del mismo año a 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.
Por su parte, Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, el 9 de julio de 2025 fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de robo.
En tanto que Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, fue sentenciado el 9 de febrero de 2026 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Para Eulises González Hernández, excomisario de Seguridad Pública de Acambay, suma dos sentencias en su contra: la primera de 68 años y 6 meses de prisión por desaparición forzada de personas, y la segunda, el 21 de noviembre del mismo año, de 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.
Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, fue sentenciado el 23 de septiembre de 2025 a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Para Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del DIF de Tonatico, fue sentenciado el 11 de noviembre de 2025 a 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de extorsión.
Autoridades destacaron que Edgar Jiménez Ramos, exservidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, fue condenado el 28 de agosto de 2025 a un año de prisión por el delito de evasión.
Mientras que Erick Adrián Hernández Mejía, expolicía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado el 3 de julio de 2025 a 47 años y seis meses de prisión por homicidio.
Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias ‘El Matón’, expolicía municipal de Nicolás Romero, fue condenado el 16 de julio de 2025 a 62 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro exprés.
Mientras que Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía municipal de Santo Tomás, fue sentenciado el 12 de diciembre de 2025 a 60 años de prisión por el delito de secuestro.
Los expolicías municipales de Ecatepec Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, fueron sentenciados el 14 de abril de 2026 a 47 años de prisión cada uno por el delito de homicidio.
También fueron sentenciados a 46 años y 6 meses de prisión siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero: Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez, por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
La Operación Enjambre, surgió luego del hallazgo de restos humanos de 10 víctimas, localizados en distintos pozos del municipio de Nicolás Romero. conforme avanzaron las investigaciones, se identificó como probables responsables a mandos y elementos de la policía de esa demarcación.
A través de actos de investigación de campo, gabinete e inteligencia, se ha logrado establecer la probable participación de servidores públicos y exservidores públicos estatales y municipales tales como presidentes, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores y elementos de corporaciones de seguridad, entre otros, en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, secuestro exprés, secuestro exprés con fines de robo, secuestro exprés con fines de extorsión, extorsión y desaparición forzada, así como su posible relación con grupos criminales que operan en la entidad.
