El doble feminicidio de dos maestras de preparatoria en Michoacán ha encendido un debate entre sociedad y política sobre si los menores infractores deben ser juzgados de acuerdo con la gravedad de sus ilícitos.
Mientras se resuelve su condición ante la ley, un juez ordenó la privación justificada de la libertad de Osmar ‘N’, el adolescente de 15 años acusado del feminicidio de dos maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. El menor también es acusado de portación de arma de fuego.
Ante este caso que ha causado indignación generalizada, desde el gobernador hasta los familiares de las víctimas se han pronunciado para que este tipo de delitos sean juzgados por la violencia detrás de sí, y no como un menor de edad infractor que únicamente podría alcanzar un máximo de cinco años en un Centro de Internamiento para Adolescentes.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, adelantó que enviará una iniciativa al Congreso local para reformar el tratamiento de menores infractores.
Destacó que este caso vino a evidenciar los vacíos en el marco legal que impiden que delitos con altos niveles de violencia no se juzguen como debiera ser en caso de menores de edad.
Al ser consultado sobre el juicio del menor, el hermano e una de las víctimas fue categórico al pedir que se le aplique el peso de la ley... como si fuera un adulto.
“Yo lo único que pido es que sea juzgado como adulto, no como menor de edad. Esa es mi inquietud, que lo juzguen como adulto. La mejor pena que pueda ser, la máxima”, señaló.
En tanto, en redes sociales, decenas de comentarios piden lo mismo: penas más duras para menores infractores, “independientemente de su edad, se tienen que juzgar la crueldad de sus actos”, dicen algunos usuarios.
