El Congreso del estado de Guerrero aprobó, por unanimidad, la minuta de decreto de la reforma constitucional que establece límites a las jubilaciones y pensiones para trabajadores y extrabajadores confianza de instituciones públicas, mejor conocida como la reforma contra las ‘pensiones doradas’.
Con esta decisión, Guerrero se posiciona como la primer legislatura estatal en dar su aval a la propuesta enviada por el Congreso de la Unión, como paso clave para su eventual entrada en vigor a nivel nacional.
Siguiendo los protocolos, aún falta el respaldo de por menos 16 entidades más.
Durante la sesión, en la que participaron 42 diputadas y diputados, se aprobó por mayoría el dictamen presentado por la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Citlali Calixto Jiménez, quien destacó que esta reforma busca "terminar con privilegios excesivos en el servicio público“.
La modificación contempla cambios al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de regular los ingresos por concepto de jubilaciones y pensiones, evitando montos elevados que afectan las finanzas de las instituciones.
Al respecto, la diputada Calixto Jiménez enfatizó que durante años existieron casos de percepciones desproporcionadas para exfuncionarios, lo que contrastaba con la situación económica de gran parte de la población del país.
Reconoció la iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual ya fue aprobada previamente por el Congreso de la Unión, al considerarla un avance hacia la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada Beatriz Vélez Núñez, en representación del grupo parlamentario del PRI, manifestó su respaldo al dictamen, aunque señaló la importancia de que la reforma se complemente con una revisión integral que garantice la protección de los derechos laborales adquiridos.
