El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, en el marco del caso de la planta fotovoltaica Next Energy. No obstante, enfrentará el proceso en libertad tras el pago de una garantía económica de 100 mil pesos.
La resolución se dio luego de una audiencia que se prolongó por cerca de 24 horas en Mexicali, en la que el juzgador determinó que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra, señalándolo como presunto coautor con atribución de dolo.
El caso se centra en la contratación de la empresa Next Energy para desarrollar una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que implicaba pagos mensuales por 123 millones de pesos durante 30 años, lo que representaría una carga superior a los 37 mil millones de pesos para el erario, garantizados con participaciones federales.
A pesar de que se realizaron pagos iniciales y actos simbólicos como la colocación de la primera piedra, la obra nunca se construyó ni obtuvo los permisos federales necesarios, de acuerdo con autoridades estatales.
Previo a la audiencia, Bonilla Valdez rechazó los señalamientos en su contra y su defensa argumentó que el único pago realizado para el proyecto ocurrió en 2022, cuando él ya no se encontraba al frente del gobierno estatal.
Con esta vinculación, suman ya 10 personas bajo proceso por el caso Next Energy, según informó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien sostuvo que el procedimiento se ha llevado sin motivaciones políticas.
En tanto, el consejero jurídico del gobierno estatal advirtió que, de no haberse frenado el contrato, la administración habría tenido que cubrir pagos millonarios por una obra inexistente, lo que incrementó el impacto financiero del proyecto.
La siguiente etapa del proceso será la audiencia intermedia, en la que la defensa del exmandatario deberá definir si busca un acuerdo con la Fiscalía o si el caso avanza a juicio oral.
