La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló irregularidades en la actuación de autoridades de procuración de justicia y servicios periciales de Jalisco durante la investigación realizada en el inmueble conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
En el comunicado DGDH/029/2026, el organismo informó que emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), luego de identificar deficiencias en el manejo de evidencias y en la preservación del lugar de los hechos durante la investigación.
De acuerdo con la comisión, dichas omisiones derivaron en violaciones a los derechos humanos relacionados con la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
Según el informe, los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional pusieron a disposición de la fiscalía estatal a diez personas detenidas y acordonaron el inmueble. En el lugar fueron localizados siete vehículos automotores, armas de fuego, diversos objetos de interés criminalístico, indicios de naturaleza balística y un elemento óseo.
Posteriormente, el 18 de marzo de 2025 la CNDH decidió atraer la investigación por presuntas violaciones a derechos humanos. Personal del organismo acudió al sitio los días 19 y 20 de marzo de ese mismo año para realizar diligencias de observación y reconocimiento, mientras que el levantamiento y resguardo de evidencias quedó bajo responsabilidad de la fiscalía estatal.
Tras revisar el expediente y las actuaciones de las autoridades, la comisión concluyó que no se realizó de forma integral el procesamiento técnico de todos los indicios localizados. Entre las fallas detectadas se encuentran deficiencias en procedimientos clave como la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado de evidencias, tareas consideradas fundamentales para la preservación del lugar de los hechos y el desarrollo adecuado de la investigación.
El organismo también indicó que durante una búsqueda realizada el 3 de octubre de 2024 en el inmueble se localizó un lote óseo y diversos objetos que no fueron asegurados, clasificados ni inventariados en el dictamen correspondiente. Asimismo, algunas evidencias encontradas en el sitio no fueron mencionadas ni sometidas a análisis pericial.
Otra de las observaciones señaladas por la CNDH es la falta de registros que acrediten el aseguramiento de diversas prendas y la elaboración de documentos de cadena de custodia. Esto ocurrió pese a que existía un documento de Mando y Conducción fechado el 18 de septiembre de 2024 que instruía realizar inspecciones, aseguramientos y el resguardo formal de los indicios.
En relación con los vehículos encontrados en el inmueble, la comisión señaló que no se localizaron dictámenes periciales que acreditaran que las unidades fueron sometidas a un procesamiento técnico integral. Además, tres de estos automotores fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, lo que, de acuerdo con el organismo, evidencia fallas en el resguardo del lugar por parte de la fiscalía estatal.
El informe también refiere que el 4 de febrero de 2025 una funcionaria adscrita a la fiscalía recibió reportes de personal de la policía investigadora que señalaban que el inmueble estaba “indebidamente asegurado”. Al ingresar al lugar observaron posibles evidencias e indicios sin advertir que continuaban actos de investigación relacionados con los hallazgos.
La comisión también documentó retrasos en el análisis de pruebas genéticas. De acuerdo con el organismo, el dictamen correspondiente a muestras biológicas encontradas en el inmueble fue emitido el 19 de marzo de 2025, aunque dichas muestras habían sido recabadas y entregadas al instituto forense desde el 20 de septiembre de 2024. La comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas se realizó hasta marzo de 2025, lo que fue considerado por la CNDH como un retraso injustificado.
Finalmente, el organismo señaló que el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de diversas personas al inmueble pese a que el sitio continuaba bajo intervención pericial. Aunque el acceso se planteó como controlado y restringido, el número de participantes provocó la pérdida de control del área, lo que derivó en la alteración del lugar y de indicios que potencialmente podían ser relevantes para la investigación.
