Estado de México .- Lo primero que hizo el indígena otomí Tomás Gabriel Crisanto, luego de estar 12 años, nueve meses y 27 días en la prisión de Almoloya de Juárez, acusado de un homicidio que no cometió, fue ir al panteón de su comunidad Jiquipilco El Viejo, en el municipio de Temoaya, para visitar a su hija, quien a sus 26 años de edad y siendo estudiante en Derecho, falleció por la leucemia que padecía.
El anhelo de la joven era titularse de abogada en la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), para revertir la sentencia de 44 años de prisión y sacar a su padre Tomás acusado injustamente.
Una vez que la Ley de Amnistía se aplicó en la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México y se abrió la garita de la cárcel mexiquense, la esposa de Tomás, la indígena otomí Carmela Flores, abrazo a quien ha sido su marido desde que ella tenía 16 años de edad.
Y COMENZÓ LA FIESTA AL CALOR DEL FOGÓN
Tras alcanzar la calle, Tomás y Carmela se dirigieron con demás familiares, amigos y defensores del Centro de Derechos Humanos ‘Zeferino Ladrillero’, hacia la Fiscalía estatal, donde la temoayense mantenía un plantón para exigir la salida de su cónyuge.
Sobre la calle de José María Morelos y Pavón, a Tomás le esperaba un verdadero manjar hecho con mole verde y pollo, frijoles, arroz y tortillas hechas a mano por la indígena otomí.
“Quiero ir a visitar a mi hija en el panteón y apoyar a los compañeros que me estuvieron apoyando día y noche y pagarles poquito, lo que se pueda, quizá no me merezca el apoyo que me han dado, pero voy a tratar de ayudarles en lo que se pueda y pagarles lo que ellos me brindan”, indicó Tomás entre sollozos.
¿Y el trabajo?
Este medio le preguntó a Gabriel Crisanto respecto a qué se dedicará en su natal Temoaya y contestó que posiblemente reabrirá su tienda de uniformes escolares que tenía antes de entrar a prisión o cambiará de giro para estar al lado de su esposa Carmela Flores.
¿QUÉ INFLUYÓ EN LA AMNISTÍA DEL INDÍGENA?
Uno de los argumentos de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México fue que durante sus investigaciones se encontró que el poblador otomí, no contó con un intérprete ni una defensa que tuviese conocimiento de su lengua y cultura de un pueblo originario del norte del Estado de México.
El oriundo de la comunidad de Jiquipilco El Viejo, fue sentenciado el 8 de mayo de 2014 por el delito de homicidio calificado con modificativa a 43 años y nueve meses de prisión, de los cuales cumplió 12 años, nueve meses y 27 días.
Carmela Flores, recordó que la única imposición del Juez que llevó el caso, fue el pago de 660 mil pesos por concepto de reparación del daño, de los cuales 300 mil pesos corrieron a cargo del Poder Judicial del Estado de México y ella juntó 360 mil pesos, por lo que tuvo que empeñar su casa.
“Y luego, con el apoyo de mis compañeras, quienes también nos ayudaron a recaudar ese dinero, nada más se pagó la reparación del daño porque era un requisito para que le dieran la amnistía”, indicó la señora Carmela Flores.
¿POR QUÉ TOMÁS FUE SENTENCIADO?
La otomí recordó que, el 16 de abril del año 2013, su esposo Tomás estaba en la comunidad de Entabi, en Temoaya y que después de salir de su tienda de abarrotes que tenían, su cónyuge se subió a su camioneta y en camino a su casa se encontró a su sobrino menor de edad quien le pidió un “aventón”.
“Se subió, pero vio a estos muchachos y disparó desde la camioneta de mi esposo (el sobrino), mi esposo no iba tomado, pero lamentablemente el menor de edad (llevaba pistola), fue todo lo que pasó y ahí mi esposo dijo que iba a ir a declarar porque no tuvo nada que ver.
Entonces fue (al MP) y le fabricaron su orden de aprehensión y se lo llevaron para Almoloya. Entregamos al muchacho porque sabíamos que él había disparado, él estaba en la Quinta del Bosque (tutelar para menores infractores), pero él ya salió”, expresó la mujer.
Y el propio sobrino se dijo culpable
Acotó la mujer que su sobrino deslindó de toda responsabilidad a su tío sobre la muerte de un joven al que él mismo le disparó y al cumplir su sentencia, ya abandonó el tutelar para menores infractores ubicado en el municipio de Zinacantepec, en el Valle de Toluca.
Para enfrentar la situación de Tomás, la mujer otomí vendió una camioneta y dos terrenos con tal de ver a su marido fuera de la cárcel, “él es un buen esposo, un buen ser humano y aquí estamos en la lucha hasta que él salga. Llevamos 33 años de casados, los dos somos otomíes”, indicó.
