A más de tres años del asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón, un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, sentenció a 60 años de prisión al excandidato del PRI a la gubernatura del estado, Javier López Zavala, como autor intelectual del feminicidio ocurrido el 26 de mayo de 2022.
La misma pena fue impuesta a Jair Mauricio Domínguez, sobrino del político, y a Silvestre Vargas Ruíz, identificado como sicario originario de Veracruz, al ser considerados copartícipes del crimen. Además, el tribunal ordenó a los tres sentenciados el pago de una multa equivalente a mil UMAs, es decir, poco más de 110 mil pesos cada uno.
La sentencia fue dictada luego de que el pasado 23 de diciembre el tribunal los declarara culpables del feminicidio perpetrado en el municipio de San Pedro Cholula, zona conurbada de la capital poblana.
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, López Zavala habría planeado el asesinato y contratado a los otros dos sentenciados para ejecutarlo, en un contexto de conflictos legales y personales con la víctima, con quien mantenía una relación previa y un hijo en común.
Tras darse a conocer el fallo, Helena Monzón, hermana de la víctima y representante legal de la familia, destacó que el tribunal tomó como agravante el actuar “impune” de los acusados tanto antes como durante el proceso judicial, lo que permitió imponer las penas máximas previstas en el Código Penal del estado.
Ahora, el equipo jurídico de la familia deberá enfrentar la etapa de defensa de la sentencia, ante eventuales recursos legales que puedan interponer los condenados. En el caso de López Zavala, la resolución representa un fallo histórico, al tratarse de un exsecretario de Gobernación durante la administración de Mario Marín, quien actualmente enfrenta un proceso penal por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Organizaciones civiles y colectivos feministas que han acompañado el caso desde 2022 celebraron la resolución judicial, al considerar que sienta un precedente relevante en la procuración de justicia para las mujeres y en el combate a la impunidad en casos de feminicidio en México.