Está por terminarse el 2025 y será, para algunos, un año inolvidable... pero no en los mejores términos.
Hablamos del caso de Michoacán, un estado que en términos generales había logrado disminuir su nivel criminalidad, pero cierra el 2025 entre tres hechos terribles, que han evidenciado que la violencia intentar quedarse en una tierra de por sí azotada por grupos criminales, incluso pese a la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Pero, ¿a qué nos referimos? En Nación321 te contamos.
VIOLENCIA EN NÚMEROS
Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de octubre de 2024 a octubre de 2025, han sido asesinadas mil 332 personas en todo el estado de Michoacán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En tanto, en los primeros cuatro años de gobierno del mandatario morenista Alfredo Ramírez Bedolla, quien llegó al cargo el 1 de octubre de 2021, los asesinatos suman 7 mil 448.
Aunque de forma general las cifras de homicidios dolosos cometidos durante las gestiones de ambos mandatarios muestran una tendencia a la baja, en comparación con los mismos periodos de tiempo de sus predecesores, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, algo está pasando en Michoacán, que los ciudadanos no consiguen vivir en paz.
LIMONEROS: EL ASESINATO DE UNA VOZ DE DENUNCIA
Aunque este 2025 se habían presentado otros hechos violentos, un antes y un después vivió en Michoacán con el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).
El crimen causó gran polémica y controversia, debido a que el empresario dedicó su vida al cultivo del limón, y fue hallado sin vida el 20 de octubre pasado, tras haber protestado para pedir mejoras al precio del cítrico y denunciar la corrupción y violencia en torno a su actividad.
El empresario era el hijo menor de ‘Don Berna’ Bravo Valencia, quien hace poco más de una década fue asesinado en un contexto similar.
Su cuerpo fue hallado dentro de su camioneta, abandonada en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Los Tepetates, Apatzingán; previamente fue privado de la libertad por un grupo armado.
EL ASESINATO DE CARLOS MANZO
Y por si esto no fuera poco, la noche del sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, en Uruapan, Michoacán, fue asesinado el alcalde de ese municipio, Carlos Manzo, emanado del movimiento político del ‘Sombrero’.
El munícipe recibió siete disparos, siendo el determinante uno que le dieron a la altura del tórax. Casi al momento de perpetrar el ataque, el agresor material fue abatido por los escoltas del edil.
Su muerte causó una oleada de condenas sociales, pues Manzo fue una voz crítica de los gobiernos federal y estatal, a los que les pidió repetidamente ayuda para frenar a los grupos delictivos que atentaban contra su terruño.
Además, el político había advertido en diversas ocasiones que había sido amenazado con su vida si continuaba con su trabajo en contra de grupos criminales.
Por el homicidio del ahora exedil, la Fiscalía de Michoacán ha detenido a nueve personas, entre ellas siete escoltas del propio alcalde, señaladas por ser omisos en su labor y por su posible involucramiento en la planeación del ataque.
Además, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó el 28 de noviembre pasado que el jefe de escoltas de Carlos Manzo, identificado como José Manuel ‘N’, alias 'Coronel Jiménez‘, se encuentra prófugo de la justicia.
Tras el asesinato de Carlos Manzo, su puesto fue tomado por su esposa, Grecia Quiroz, en una decisión unánime de quienes encabezan el Movimiento del Sombrero en Michoacán.
A la par, el gobierno federal anunció que Uruapan sería eje del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca pacificar el estado y combatir las causas de la criminalidad, como la deserción escolar y la pobreza.
El plan, presentado el pasado 9 de noviembre, contempla despliegue militar y policial, así como estrategias sociales con una inversión mayor a los 60 mil millones de pesos, pero hay quienes dicen que no ha bastado para frenar la problemática de la violencia.
UN CARRO BOMBA
La tarde del sábado 6 de diciembre, las inmediaciones del cuartel de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, fueron víctimas de un ataque con un artefacto explosivo.
La agresión, que provino de un automóvil particular, “fue directo” en contra de los uniformados, dijo la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Hasta ahora, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha revelado que el vehículo con explosivos ingresó desde Colima, además la onda de la explosión abarcó un radio de por lo menos 300 metros, dejando como saldo la muerte de tres policías comunitarios y de dos hombres aún no identificados.
Además, siete personas resultaron lesionadas: seis de ellas son atendidas en hospitales locales y una más hospitalizada en el IMSS de Morelia.
En lo legal, el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación, por el posible delito de delincuencia organizada.
