DURANGO, Ggo.- En Durango, una verdad enterrada durante catorce años salió finalmente a la superficie: el cuerpo de Jessica Itzel Vargas González, una adolescente desaparecida en febrero de 2011, había sido localizado apenas unos meses después de su ausencia, pero nunca fue entregado a su familia.
Las autoridades no notificaron el hallazgo, no hicieron cruces eficientes de información y permitieron que la joven terminara en una fosa común, donde permaneció más de una década mientras su madre la buscaba con desespero.
El caso fue dado a conocer por el colectivo Buscando Emilio’s A.C., que acompañó a la familia durante un proceso de identificación tardío y doloroso, y que hoy pone en evidencia las fallas del Estado en casos de desaparecidos.
En febrero de 2011, la joven Jessica Itzel Vargas González, de 18 años, desapareció en Durango; desde entonces su familia emprendió una búsqueda cargada de angustia, interminables preguntas, visitas a despachos y rastreos en carpetas de investigación.
Jessica fue localizada originalmente en mayo de 2011 en una fosa clandestina en la colonia San Vicente, en la capital duranguense. El cuerpo quedó bajo resguardo oficial, pero terminó sepultado sin nombre y sin un procedimiento de identificación concluyente.
En medio del desgaste, en 2019 la madre de Jessica acudió a la Fiscalía estatal para realizarse pruebas de ADN. En aquel momento, esa información pudo haber cerrado el caso. Sin embargo, la familia fue informada posteriormente que las muestras se habían extraviado y que debían “esperar”.
Casi seis años después: el pasado 12 de noviembre de 2025, la familia fue notificada, el cuerpo finalmente exhumado de la fosa común y entregado a sus familiares.
La historia de Jessica no solo expone una negligencia institucional profunda: revela el tamaño real de una crisis que Durango arrastra desde hace décadas. En el estado, colectivos de familiares reportan cientos de personas desaparecidas, muchas de ellas sin búsqueda efectiva, sin cruce inmediato de datos y sin avances en identificación forense.
Mientras el gobierno estatal mantiene cifras oficiales históricas que superan el millar de desapariciones en seis décadas, las organizaciones civiles señalan un subregistro que no se corresponde con la dimensión real del fenómeno.
Exigen trato digno
La presidenta del colectivo de Buscando Emilio,s Carmen Rosario Soto Valle lamentó la actuación de las autoridades, “se buscó a Jessica en instituciones, en carpetas de investigación, en memorias, en caminos llenos de indiferencia y burocracia. Buscaron sin descanso, mientras Jessica Itzel permanecía silenciada en una fosa, como si su historia no importara.... Hoy, sabemos dónde está Jessica, pero esa respuesta llega tarde y cargada de dolor. Su hallazgo no borra los años de incertidumbre ni el abandono institucional que permitió que su cuerpo permaneciera sin nombre, ni el sufrimiento que su familia ha tenido que soportar”.
Un llamado por todos desaparecidos
“Desde Buscando Emilio’s, levantamos la voz no solo por Jessica Itzel, sino por todas las personas desaparecidas que aún no han regresado a casa. Cada nombre, cada rostro, representa una historia que exige verdad, justicia y memoria.
Exigimos que nunca más una víctima sea revictimizada de esta manera, que nunca más una familia tenga que esperar catorce años para obtener una respuesta.
Las instituciones tienen la obligación moral y legal de garantizar búsquedas efectivas, procesos de identificación dignos y trato humano hacia las víctimas y sus familias", apuntó la presidenta del colectivo de madres buscadoras
Otros casos sin avance
El dolor de este caso contrasta con la incertidumbre que viven otras familias en tiempo real. Apenas en octubre pasado, Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven duranguense, desapareció en Mazatlán tras ingresar a un centro nocturno. Su rastro se perdió sin que hasta ahora exista una línea pública clara de investigación.
El caso ha encendido las alarmas entre los colectivos, que insisten en que la respuesta institucional sigue siendo lenta, fragmentada y opaca.
