En medio de una intensa polémica pública y social, un juez especializado en justicia para niñas, niños y adolescentes vinculó a proceso a las mujeres Karla Daniela ‘N’ y Anabel ‘N’, señaladas en la sustracción de una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango.
Pero lo que comenzó como un caso de robo de recién nacida se ha convertido en un escándalo que cuestiona la transparencia del sistema de justicia y el ejercicio de la autoridad en Durango.
La audiencia se celebró de este viernes por la tarde, fue reclasificado el delito y Karla Daniela fue vinculadas por desaparición forzada y agravantes; mientras que Anabel es considerada como cómplice en este delito.
La familia de Anabel ‘N’, acusada de complicidad, insiste en que ella es inocente, y asegura que el proceso ha estado “lleno de artimañas, orquestado y con falsedad” para implicarla. A pesar de ello, fue vinculada a proceso, lo que ha encendido la indignación ciudadana.
Abogados duranguenses han señalado cuando menos 10 violaciones graves al debido proceso.
Además, autoridades estatales, entre ellas la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, y el secretario de seguridad pública, Óscar Galván, han denunciado amenazas atribuibles a familiares de Anabel, generando un nuevo foco de tensión institucional.
Según la Fiscalía, existen indicios que permiten la formulación de imputación contra las dos acusadas: Karla Daniela habría diseñado el plan, y Anabel habría proporcionado información clave sobre el hospital y los horarios de alta de la menor. Para ello utilizan un supuesto video, donde se ven ambas acusadas sosteniendo un diálogo.
Sin embargo, la defensa y la familia sostienen lo contrario: denuncian que se han sembrado pruebas, exhiben audios de mensajes enviados a través de la red social WhatsApp, donde la imputada como cómplice relata a su hija, como fue abordada por “una mujer sospechosa y desconocida”, que resultó ser la responsable del robo de la niña, pero no tiene relación alguna con la presunta culpable. Nunca la había visto, aseguran.
Resaltan además que la familia de la acusada no ha tenido acceso a abogado particular, ya que le fue prohibido por parte de las autoridades. En términos generales señalan que el expediente está plagado de irregularidades.
“NO CEDEREMOS A PRESIONES”
La fiscal de Durango calificó la vinculación como responsabilidad del juez, al advertir que “no cedemos a la presión social” pese a reconocer que ha recibido “amenazas” en esta investigación.
Por su parte, la familia de Anabel sostiene que esas amenazas, así como operativos y acciones de seguridad, sirven para intimidar y alterar la percepción pública del caso.
En este escenario, la audiencia de desahogo de pruebas queda en suspenso y la sentencia aún no tiene fecha, en un mes se revisarán pruebas.
Mientras tanto, el proceso deja en evidencia no sólo la gravedad del delito que se investiga, sino también la fragilidad institucional y la exigencia social de que se garantice una justicia igualitaria, transparente y ajena a manipulaciones.
