El Congreso del Estado de Guerrero analiza un proceso de juicio político en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, por un presunto adeudo superior a los 177 millones de pesos destinados al pago de 19 laudos laborales aprobados desde 2022 por el Cabildo municipal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García, informó que el caso se encuentra actualmente en revisión dentro de la Comisión de Examen Previo, instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento legal.
Con esta acción, ya son tres los juicios políticos y, además, una solicitud de revocación de mandato acumulados al interior del Congreso local contra la presidenta municipal, relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Uno de los anteriores procesos fue desechado por la misma comisión al considerarse que derivaba de un conflicto de carácter laboral, sin embargo, permanecen en curso otras dos solicitudes: una de juicio político y otra de revocación de mandato.
Además hay denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por la resistencia de la alcaldía de comprobar recursos ante ese órgano fiscalizador, y otra más por el abogado y exaspirante a la alcaldía porteña, Ramiro Solorio Almazán, que continúan su trámite ante la Comisión Instructora.
En redes sociales, los acapulqueños condenan que, hasta el momento, ni la presidenta ni su equipo hayan ofrecido pruebas claras sobre el destino de los recursos por el orden de los 898 millones de pesos, argumentando que presuntamente, las obras mencionadas carecen de registros detallados, ubicación verificada o avances documentales accesibles a la ciudadanía.
A la víspera de cumplir 5 años al frente del Ayuntamiento de Acapulco, diversos activistas y líderes sociales como el abogado Ramiro Solorio Almazán señalan que en lugar de transparencia, el gobierno municipal ha optado por el discurso de la confrontación, negando críticas y señalando intereses políticos, sin asumir la rendición de cuentas que la ley exige.
