Por el delito de falsificación de documentos, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue declarado culpable por apropiarse de manera irregular de un terreno de 58 hectáreas en el ejido de Aután, municipio de San Blas y permanecerá en prisión.
La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la sentencia y detalló que este miércoles 11 de septiembre se llevará a cabo la audiencia para individualizar la sanción correspondiente, que podría implicar hasta seis años de prisión y el pago de una multa.
La investigación del caso determinó que Sandoval registró la propiedad a su nombre utilizando la firma presuntamente falsificada del propietario legítimo, Rubén ‘N’, en 2012.
De acuerdo con documentos del Registro Agrario Nacional, ya en funciones como gobernador, el 29 de marzo de 2015 fue inscrito como ejidatario 227 de Aután, lo que le permitió acceder a tres predios adicionales.
Este registro quedó asentado en el folio 181700006340, correspondiente a la asamblea ejidal celebrada el 19 de octubre de 2017, lo que formalizó la apropiación del terreno ante las autoridades agrarias.
Tras concluir su mandato en 2017, Sandoval abandonó Nayarit y en noviembre de 2020 fue declarado prófugo de la justicia.
La captura se realizó el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León, justo el día de las elecciones locales para renovar la gubernatura de la entidad, un hecho que generó amplia atención mediática por la coincidencia con el proceso electoral.
La detención fue resultado de una investigación coordinada entre distintas instancias judiciales y la Fiscalía del estado.
La causa penal 850/2020 representa uno de los primeros juicios orales aplicados contra un exgobernador en México, un precedente importante en la rendición de cuentas de funcionarios públicos de alto rango.
A pesar de que Sandoval y Rubén ‘N’ habían alcanzado un acuerdo reparatorio al margen de la Fiscalía, el caso continuó por oficio, luego de que la autoridad reconociera la afectación sufrida por el propietario original.
Esto demuestra que la justicia puede continuar incluso ante acuerdos privados cuando existe un delito que afecta al interés público.
Expertos en Derecho destacan que este fallo podría sentar un precedente en la manera en que se procesan casos de funcionarios que incurren en delitos relacionados con propiedades y bienes ejidales, y recalcan la importancia de la transparencia en los registros oficiales.
La Fiscalía reiteró que continuará informando de manera oficial y oportuna sobre cada etapa del proceso, manteniendo un seguimiento cercano del procedimiento judicial y garantizando que la ciudadanía esté al tanto del desarrollo del caso y de sus posibles repercusiones legales.
