CAMPECHE, Camp.- Con 18 votos a favor de los diputados de Morena y 13 en contra, el Congreso del Estado de Campeche aprobó en sesión extraordinaria la actualización de la Ley de Expropiación propuesta por el gobierno del estado.
Durante la sesión se dijo que con esta actualización se busca proteger los derechos de los ciudadanos y asegurar que las obras de utilidad pública se realicen con transparencia, reglas claras y pago justo.
Sin embargo, esta Ley ha generado controversia y rechazo por parte de la oposición por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Según los opositores, esta modificación da facultades al Poder Ejecutivo para expropiar inmuebles de propiedad privada, con un plazo de sólo cinco días de plazo para evitar la expropiación, lo que, en palabras de Ricardo Medina Farfán, “es un atentado contra el patrimonio de los ciudadanos”.
A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía, dijo que esta actualización no se homologa con la normativa nacional, pues antes se contaba con 15 días para evitar la expropiación de sus propiedades, tal y como contempla la ley federal.
A partir de esta iniciativa que se aprobó, las personas tendrán cinco días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En la Tribuna, los legisladores de oposición rechazaron esta actualización porque, según ellos, además se pagará el último precio de compra del predio expropiado y se le dará ese dinero al propietario por abonos durante un periodo de 10 años.
Por su parte, el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, líder de la bancada de Morena, dijo que esta reforma no es un despojo, sino un mecanismo que solo procede cuando existe utilidad pública comprobada como hospitales, escuelas, carreteras, agua o espacios comunitarios.
Además, señaló que cada proceso deberá estar respaldado por dictámes técnicos, ser notificados personalmente a los propietarios para garantizarles su derecho de audiencia, defensa, y fijar plazo que den certeza.
Aclaró que no hay que hacer caso a la oposición, pues “está tratando de confundir a los ciudadanos con versiones erróneas de la actualización de la Ley de Expropiación enviada por la gobernadora Layda Sansores”.
Dijo que uno de los puntos centrales es la indemnización justa que se dará a los propietarios de esas propiedades privadas, calculadas con base en el valor comercial real del bien y nunca por debajo del valor catastral.
Lo anterior, agregó, contará con avalúos a cargo de peritos e instituciones autorizadas lo que asegura objetivad y transparencia.
En la realidad de los hechos, esta ley ha levantado polémica en las redes sociales por las declaraciones de los diputados de oposición quienes son minoría en el Congreso del Estado.
