Al haber sido publicado el decreto 128 en la Gaceta Oficial de Gobierno, por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se modificó el Código Penal de esta entidad federativa y el delito de despojo es tipificado como grave y alcanza hasta los 25 años de prisión para quien o quienes lo cometan.
Entre las acciones delictivas consideradas como agravantes y por lo que se alcanzan el cuarto de siglo de cárcel está el uso de la violencia en el despojo de una propiedad, el que las víctimas sean vulnerables, como son las mayores de 70 años y menores de 18.
Que pertenezcan a un grupo indígena como es el otomí, mazahua, matlazinca, tlahuica y náhuatl, el que las víctimas tengan alguna discapacidad, que las mujeres estén embarazadas o personas que vivan solas y que, quienes ejecuten el delito sean servidores públicos de cualquier orden de gobierno, también notarios e incluye personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).
A esto se suma, cuando haya abuso de confianza o engaño. Lo anterior fue avalado primero por unanimidad en el Pleno camaral y el pasado día 16 quedó publicado por la titular del Ejecutivo, por lo que está en vigor dicho delito.
¿Qué ha pasado recientemente?
A finales de mayo pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a tres notarios públicos, a cuatro funcionarios municipales del área de Catastro y a cinco trabajadores del IFREM, por estar presuntamente coludidos con organizaciones sociales autodenominadas ‘sindicatos’, dedicadas a despojar de viviendas a personas vulnerables.
Los ‘sindicato’ u organizaciones criminales que han estado detrás de despojos de propiedades se han identificado ‘Unión 300′ o la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales” (USON), ‘Sindicato 22 de Octubre’ y ‘Los Gastones’ que operaban esencialmente en la parte oriente del Estado de México.
En el Edomex hay miles de viviendas a merced de la delincuencia
De acuerdo a diputados integrantes de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en esta entidad federativa hay al menos 600 mil casas deshabitadas.
Por lo que están al asecho de redes delictivas. Este numeral de casas abandonadas se desprende de los estudios que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Pronunciamientos de legisladores
“En nuestro estado, el más poblado del país hay 4.5 millones de viviendas, 3.5 millones de ellas, es decir, el 70% de esas viviendas se encuentran en los 59 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Y en esa Zona Metropolitana del Valle de México, de acuerdo con el INEGI, más de 600 mil viviendas se encuentran deshabitadas y desde luego que se encuentran al asecho de la delincuencia, que, a través del mecanismo de la invasión, cometen el delito de despojo”, puntualizó el legislador Samuel Hernández Cruz.
Recordó que la mayoría de las viviendas deshabitadas en este estado, están en conjuntos urbanos.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Salinas Reyes, ha criticado cómo servidores públicos y notarios, “están metidos hasta las entrañas en estos despojos, impunidad y corrupción y como las fiscalías en este estado han promovido, en muchos casos, también estas irregularidades”.
Quienes se han beneficiado a través del despojo, agregó la política, han implementado la violencia, el engaño y la corrupción.
Tipificar dicho delito como grave es gracias a Carlota
El legislador Miguel Gutiérrez Morales, reconoció que se legisló de manera urgente para tipificar el delito de despojo como grave, a raíz de los casos de la señora Carlota ‘N’ de 74 años de edad y de doña Guadalupe Chávez Ortiz, de 102 años.
En el primer caso, la septuagenaria Calota ‘N’, está presa en la cárcel de Huitzilzingo, en Chalco, junto con sus hijos Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’, luego de que en el mismo Chalco, junto con sus hijos mataron a balazos a los invasores de su casa, según se revela en un video.
Y en el caso de doña Lupita, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le ayudó a recuperar su vivienda que le habían arrebatado unos sujetos en el municipio de Naucalpan, hace seis años.
¿Qué más se integra al delito grave?
Los 17 a 25 años de cárcel se contemplan para quienes inscriban un bien inmueble ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México o se ejecute el traslado de dominio y se utilicen documentos falsos y también cuando exista violencia física o moral.
También cuando se rompan las cerraduras, cuando sean forzadas puertas o ventanas, que se aproveche que no esté presente el propietario y que la víctima sea menor de 18 y mayor de 70 años de edad.
