La jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May ordenó que el periodista Jorge Luis González Valdez no pueda opinar ni publicar contenidos relacionados con la gobernadora Layda Sansores, en el marco del proceso legal que enfrenta por una denuncia por presunto delito de odio.
De acuerdo con el medio Tribuna, se dictaron nuevas medidas cautelares que incluyen la intervención judicial de su plataforma digital, lo que implica que un “representante del Tribunal Superior de Justicia conozca y apruebe, antes de publicarse, el contenido de sus notas y comentarios”.
La jueza también advirtió al periodista que deberá abstenerse de “actuar, declarar u opinar sobre Sansores, y de no escribir ni publicar imágenes que a ella se refieran”. A esto se suma que todo lo relacionado con sus publicaciones deberá ser “supervisado y vigilado por un interventor”.
Además, se ordenó que González Valdez esté acompañado por un “censor oficial” cuando participe en programas de medios, bajo vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares. La resolución fue respaldada por el asesor jurídico de la gobernadora, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y por la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta.
Según el medio afectado, “la jueza de control interina del sistema penal oral y acusatorio, Ana Maribel de Atocha Huitz May, aprobó medidas más drásticas y violatorias de las garantías constitucionales argumentando que es prioridad salvaguardar los derechos de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román”.
Tribuna consideró que se trata de una acción que “censura la libertad de expresión” tanto del periodista como del propio medio, por lo que anunció que “optará por no publicar nada en tanto la ley mordaza de Layda Sansores esté vigente”.
Esta resolución se da apenas días después de que el 9 de julio de 2025, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito suspendiera las medidas cautelares originales, las cuales impedían a González Valdez ejercer el periodismo durante dos años y ordenaban dar de baja la plataforma digital de Tribuna. Dichas restricciones fueron calificadas por el tribunal federal como “excesivas” y como acciones que “transgredían de forma desproporcionada derechos humanos” consagrados en la Constitución.
En ese entonces, los magistrados destacaron que existían formas “menos lesivas” para proteger a la presunta víctima, es decir, la mandataria estatal. No obstante, con esta nueva decisión, la situación legal del periodista y el medio vuelve a encender el debate sobre los límites a la libertad de expresión en el país.
