Mientras en Puebla entró en vigor una polémica reforma penal conocida como ‘Ley Censura’, en Campeche un juez vinculó a proceso a dos periodistas por presunta incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores. Ambos casos han encendido las alarmas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
En Puebla, la reforma fue publicada el viernes en el Periódico Oficial del Estado, oficializando el delito de ciberasedio en el Código Penal estatal.
De acuerdo con el Artículo 480, comete este delito “quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Las penas van de 11 meses a tres años de cárcel, además de multas económicas que pueden alcanzar los 39 mil pesos.
La iniciativa fue impulsada originalmente por José Luis García Parra, entonces diputado y actual coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta, y fue aprobada en noviembre de 2024 con 35 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Sin embargo, colectivos como Artículo 19, Sociedad Civil México y la Red de Periodistas de Puebla han advertido que esta ley puede abrir la puerta a la criminalización del discurso crítico y de manifestaciones legítimas en redes sociales.
Los cuestionamientos se extienden también a otros delitos contemplados en la misma reforma, como espionaje digital y usurpación de identidad. En opinión de especialistas, los artículos relacionados utilizan definiciones ambiguas que “fallan en el principio de taxatividad del derecho penal” y podrían facilitar su uso contra periodistas o activistas.
A la par de esta controversia, en Campeche, el periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, y el representante legal de Organización Editorial del Sureste, Isidro Yerbes, fueron vinculados a proceso por presuntamente difundir contenidos que, según la gobernadora Layda Sansores, constituían “mensajes de odio” en su contra. La denuncia fue interpuesta directamente por la mandataria morenista.
Estos hechos han sido señalados como parte de un patrón preocupante de medidas restrictivas en gobiernos emanados de Morena. Aunque legisladores de Puebla emitieron un desplegado en defensa de la reforma y en contra de las “injurias” recibidas, figuras políticas como Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, calificaron la ley como “una puñalada a la libertad de expresión y un ataque frontal a los derechos humanos”.
