Puebla- El exsecretario de Gobernación de Puebla, Javier López Zavala, fue sentenciado a 6 años de prisión por violencia intrafamiliar en contra de la activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada hace 3 años.
Aunque la sentencia debía darse aproximadamente a las 15:30 horas del viernes 30 de mayo, se determinó hasta la madrugada de este sábado.
La hermana de la víctima, Helena Monzón, indicó que se encuentran conformes con el fallo y se espera que ello dé materia para que el juicio por feminicidio en contra del político también concluya en una larga pena en prisión por el asesinato de su familiar.
“Ya tenemos un fallo por fin, ha tardado pero ha llegado la condena por una denuncia que interpuso mi hermana hace tiempo, teníamos un mínimo una línea roja de desastre y un umbral de éxito, en este caso para nosotros el mínimo eran 5 años y un día , todo lo que viniera por debajo era desastre y luego 6 años era nuestro umbral de éxito”, expresó.
Consideró que la sentencia “está bien de acuerdo con la jurisprudencia de Puebla”; no obstante señaló que aún discrepan con que sólo se consideró el delito en contra de Cecilia y no de su hijo, por lo cual se valorará si se solicitará una revisión.
“Mucha gente decía que era imposible y por otro lado ahora mismo podemos ir a la máxima por feminicidio porque ya tenemos a un sujeto condenado que será reincidente, aunque para mucha gente pueda saber a poco es un gran paso”, concluyó a través de un video publicado en redes sociales.
De esta forma, además de esta condena, López Zavala continúa procesado por su presunta autoría intelectual en el feminicidio de Cecilia, delito por el que se le podría imponer una sentencia adicional de hasta 60 años de cárcel.
Cabe recordar que en 2023, el Congreso de Puebla aprobó la llamada Ley Monzón, que establece la suspensión automática de la patria potestad a padres sujetos a proceso penal por feminicidio o tentativa del mismo.
La sentencia contra el político es vista como un precedente clave en el combate a la violencia de género en el país, al reconocer jurídicamente un patrón de agresión que muchas víctimas enfrentan en silencio.
