Jorge Álvarez Máynez se suma a la exigencia por terminar con los modelos insostenibles de producción energética como la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, y la refinería de Cadereyta, Nuevo León, y respalda la batalla jurídica del gobernador de la entidad, Samuel García, al comprometer la salud e intoxicar el aire de las personas, principalmente de las niñas y los niños.
Frente a las demandas del gobierno de Nuevo León y la omisión de Petróleos Mexicanos para reducir las emisiones de la refinería de Cadereyta, que genera el 90% del dióxido de Azufre que persiste en el aire de su Zona Metropolitana, y contamina cinco veces más que el resto de las diversas industrias de la entidad, su reubicación es la única solución a largo plazo para mitigar su impacto.
En el mismo sentido, la Comisión Federal de Electricidad es omisa al no atender el daño de la termoeléctrica de Tula. No solo compromete la salud de 20 millones de personas de la Zona Metropolitana del Valle de México, además, propaga más del 50% del dióxido de Azufre por la quema de combustóleo del excedente producido por Pemex, incumpliendo la Norma Oficial Mexicana.
En un comunicado, explicó que la Bancada Naranja, encabezada por él, refrendó en 2022 su compromiso con el medio ambiente al presentar la Carta por el Aire para que las ciudades más importantes del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) se comprometieran a construir plantas de carbonización, reducir la compra de combustóleo, e implementar el acceso a energías limpias. Solamente firmaron los alcaldes de Guadalajara y Monterrey para garantizar el derecho humano al aire.
Decir un México Nuevo es replantear las necesidades sociales y ambientales, es priorizar la inversión en empresas sustentables que generen un beneficio para las generaciones futuras, es pensar con justicia intergeneracional.
