Algunos trabajadores tendrán un fin de año más esplendido. El gobierno federal autorizó el pago de 40 días de aguinaldo para ciertos sectores, según el decreto publicado el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el documento, el pago podrá realizarse a partir del 10 de noviembre, justo antes del arranque del Buen Fin 2025, y se cubrirá con los presupuestos ya asignados a las dependencias, sin recursos extraordinarios.
La medida —según se precisa— busca mantener los principios de “justicia y equidad” dentro de la administración pública, al tiempo que se apega a la política de austeridad republicana.
El decreto establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, aplicable a dependencias, entidades federales y organismos de la Administración Pública Federal. En su redacción se detalla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos específicos para definir los montos y bases de cálculo del pago.
¿QUIÉNES SÍ Y QUIÉNES NO RECIBIRÁN EL PAGO?
El beneficio alcanzará a servidores públicos, personal de confianza, trabajadores de mando, miembros del Servicio Exterior Mexicano, personal militar en activo y personas contratadas bajo el capítulo de Servicios Personales. También se incluyen pensionistas civiles y militares, así como veteranos de la Revolución y sus deudos.
Sin embargo, el decreto excluye a quienes prestan servicios bajo honorarios especiales —fuera del capítulo de Servicios Personales— y a quienes laboran mediante convenios de enseñanza técnica suscritos con gobiernos estatales.
En contraste, el sector privado sigue con 15 días
Mientras el gobierno federal asegura 40 días para su personal, los trabajadores del sector privado continúan regidos por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que establece un mínimo de 15 días de salario como aguinaldo.
En 2024, la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM) presentó una iniciativa para duplicar esa prestación a 30 días, argumentando que no se ha actualizado en décadas. Aunque la propuesta obtuvo respaldo en el Senado y en la Comisión de Trabajo, sigue sin ser aprobada por el Congreso.
Las empresas privadas tienen como fecha límite el 20 de diciembre para realizar el pago correspondiente a sus empleados, sin importar si trabajaron todo el año o solo una parte.
