Porque se supone que estos representantes populares deben de guardar la compostura en todo momento
¡Se están peleando! Dos diputados del Congreso de Hidalgo protagonizaron un zafarrancho este miércoles durante la aprobación de la reforma electoral en la entidad.
El diputado de Morena, Jorge Mayorga Olvera, y el legislador del PAN, Asael Hernández Cerón, se empujaron y estuvieron a punto de llegar a los golpes por la eliminación de un bono de pago para los representantes de casilla en las elecciones locales, incentivo que solo se otorgaba en Hidalgo.
El legislador de Morena (partido que tiene mayoría en el Poder Legislativo de Hidalgo) estaba a favor de la eliminación, mientras que el diputado panista, en contra. Los hechos fueron registrados por los reporteros que cubrían la sesión del Congreso hidalguense.
Armando Quintanar Trejo, diputado de Morena que presidía la sesión extraordinaria, le pidió respeto a los legisladores que estuvieron a punto de agarrarse a golpes en pleno acto.
"Venga el orden, por favor, diputados, solicito, les colmino a regresar a sus lugares, diputados, solamente es emisión del voto, les colmino a que regresen a sus lugares y a respetar el orden del procedimiento, por favor diputados, solicito respeto a la sesión", pidió le legislador Quintanar Trejo.
Zafarrancho entre diputados del Congreso de #Hidalgo durante la aprobación de los artículos reservados de la reforma electoral.
— Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) August 29, 2019
Los diputados de Morena y del PAN, Jorge Mayorga Olvera y Asael Hernández Cerón, respectivamente, protagonizaron “conato” de bronca
Vía @IgnacioGar18 pic.twitter.com/Dg3Briqwny
Al final, los empujones entre diputados no pasaron a mayores.
El Congreso de Hidalgo también puso reversa a la propuesta de incrementar el porcentaje de las prerrogativas a partidos políticos, que pretendía pasar de 25 a 32.5% respecto al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En la aprobación de otra reserva al artículo 32, el Congreso hidalguense incrementó en un 10% el tope máximo de gastos de campaña que ahora será equivalente al 40% del financiamiento público ordinario establecido para todos los partidos en el año de la elección para la gubernatura.
