Sánchez Cordrero rechaza controversia en blindaje de proyectos de AMLO

Aunque el Senado no puede interponer una controversia constitucional, sí podrán intentarlo otros organismos
Aunque el Senado no puede interponer una controversia constitucional, sí podrán intentarlo otros organismos
Blindaje de proyectos.Aunque el Senado no puede interponer una controversia constitucional, sí podrán intentarlo otros organismos
@M_OlgaSCordero
Nación321
2021-12-07 |20:22 Hrs.Actualización20:22 Hrs.

La senadora y presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, confirmó que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cámara alta no puede promover una controversia constitucional sobre el acuerdo del presidente López Obrador para “blindar” los proyectos de su gobierno.

“Se concluye que dicha cámara alta carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para colocar como información de seguridad nacional lo relacionado como obras y proyectos de infraestructura, como lo solicitaron diversos legisladores”, explicó a través de sus redes sociales.

La ministra en retiro detalló que a pesar de dicha postura, esto no implica que el acuerdo planteado por López Obrador pueda ser sujeto de revisión judicial, “pues otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional”.

Dijo que la presidencia del Senado representa la unidad y eso implica escuchar todas las voces, respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político.

Por medio de un documento, la senadora Olga Sánchez Cordero notificó este martes a los legisladores Julen Rementería, Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera y Germán Martínez que no presentará la controversia constitucional contra el decreto presidencial sobre los proyectos del Gobierno de México.

Cabe recordar que López Obrador publicó un decreto en noviembre para volver los proyectos prioritarios un tema de seguridad nacional, con el objetivo de evitar que el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos.

El acuerdo argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.