Con 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el pleno del Senado de la República avaló la autorización al presidente Andrés Manuel López Obrador para permitir que personal militar de los Estados Unidos ingrese a Santa Gertrudis, Chihuahua.
Con la aprobación del dictamen, 11 soldados estadounidenses permanecerán en México, del 8 de abril al 17 de mayo, en el Centro Nacional de Adiestramiento, con el objetivo de que participen en actividades de capacitación para los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Los militares estadounidenses portarán armamento, material y municiones para el desarrollo de las actividades en el denominado “Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto (JCET)”.
Al respecto, algunos senadores, como Emilio Álvarez Icaza señalaron que el acuerdo implicaba la militarización del país, algo contra lo que históricamente ha luchado la izquierda en México.
Al respecto, Félix Salgado Macedonio aclaró que solo es un ejercicio que se lleva a cabo año con año “y ahora se hace más público y transparente” con la aprobación de las y los legisladores.
“Establece efectivamente el dictamen que el armamento es orgánico y es exclusivamente para la capacitación, no es armamento sofisticado. Nadamás son 11 elementos, ellos viajan, los reciben, no van a ninguna otra parte ”, detalló Salgado Macedonio, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, en la sesión de este martes 2 de abril.
Incluso, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, consideró como una exageración el pensar en un intento de militarización el hecho de que 11 elementos especializados de un ejército extranjero vengan al país a dar cursos a las Fuerzas Armadas de México. “No veo que se pueda poner en riesgo la soberanía nacional”, declaró.
Reyes Flores Hurtado, del grupo parlamentario de Morena, remarcó que se trata de un asunto de capacitación de tropas, no de militarización del país, y denunció que los gobiernos anteriores del PAN y el PRI permitían el ingreso de tropas norteamericanas para hacer operaciones indebidas y detenciones arbitrarias, lo cual no permite el gobierno actual.
