La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, envió una carta a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para pedirle su renuncia como ombdusperson ante lo que considera una gestión negligente ante la crisis de desapariciones que vive México.
En la misiva dijo que hay una "grave e inaceptable crisis de desapariciones que enfrenta el país, denunciada por años por familias de personas desaparecidas y madres buscadoras, misma que ha sido ya documentada y denunciada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas".
Recordó que la propia ONU solicitó que la situación de México sea elevada a la consideración de la Asamblea General, ante la persistencia y gravedad de este fenómeno.
Sin embargo, dijo, no ha actuado a la altura del reto y le indicó que "su trabajo no es proteger al Estado y sus integrantes. Su respuesta no sólo ante la permanente crisis ha sido negligente y de absoluto solapamiento de la criminalidad del Estado mexicano, por encubrimiento y falta de medidas efectivas para resolver la crisis, viendo aumentar la cifra de personas desaparecidas en más de 20 mil personas, nada más entre 2023 y 2025″.
Agregó que “es claro que el conflicto de interés, como militante de Morena (el partido en el poder), y la falta de instalación del Consejo Ciudadano de la Comisión, le impide hacer su trabajo, por lo cual su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”.
Asimismo, destacó, en su carácter de ciudadana “iniciaré el procedimiento de juicio político correspondiente, en términos de los artículos 102, apartado B, y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de restituir la legitimidad, autonomía y eficacia de dicho organismo”.
De acuerdo con el informe más reciente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, México concentra el 37% de las acciones urgentes registradas a nivel global en el periodo analizado, con un total acumulado de 819 solicitudes de acción urgente. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se registraron 40 nuevas acciones urgentes relacionadas con desapariciones en el país, muchas de ellas vinculadas a contextos de migración, violencia generalizada y posibles actos de colusión entre autoridades y grupos criminales.
La legisladora de MC insistió en que ante este escenario “resulta profundamente preocupante la postura adoptada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo su actual titularidad. En lugar de asumir su función como órgano autónomo de control, ha optado por descalificar el informe de un organismo internacional especializado, eludiendo así su responsabilidad constitucional”.
Añadió que “al minimizar la gravedad de la crisis de desapariciones y cuestionar diagnósticos internacionales, la Comisión no solo debilita su propia legitimidad, sino que contribuye a una narrativa que invisibiliza a las víctimas. Esto tiene consecuencias reales: profundiza la desconfianza, revictimiza a las familias y debilita los mecanismos de exigencia de verdad y justicia”.
