El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el llamado ‘plan B’ de la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se trata de una modificación constitucional.
Luego de que la primera iniciativa de la Presidenta fue desechada el pasado miércoles 11 de marzo en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada, de inmediato la maquinaria morenista echó a andar la posibilidad de un ‘plan B’ en materia electoral.
Monreal adelantó que el nuevo planteamiento de la mandataria es “una reforma constitucional, los cuatro temas que refirió la Presidenta son reforma constitucional: tanto la disminución del números de representantes en ayuntamientos, en congresos locales, la división económica, lo de revocación de mandato y la consulta, todos son reforma constitucional”.
Agregó que la nueva apuesta de Sheinbaum será presentada el próximo lunes 16 de marzo, aunque no se ha definido, con claridad, la cámara de origen.
Sobre la reunión que la mandataria sostuvo con legisladores de Morena y aliados la tarde del 11 de marzo, Ricardo Monreal sostuvo que “actuó con mucha generosidad, he dicho que luego de un acto donde fue rechazada su propuesta, haberlos invitado a conversar el día de ayer es un acto de generosidad de la Presidenta que eleva su nivel de altura como jefa de Estado”.
Ante el rechazo legislativo, la mandataria anunció que el gobierno enviará un nuevo paquete de cambios legales, que mantendrá el objetivo de reducir privilegios en el uso de recursos públicos.
El plan B contempla, entre otras medidas:
- Establecer topes al presupuesto de los congresos locales, para evitar gastos excesivos en los poderes legislativos estatales.
- Reducir privilegios en municipios, donde —según dijo— hay casos de regidores que perciben ingresos superiores a los de la presidenta.
- Ampliar la consulta popular, permitiendo que ciertos temas electorales puedan ser sometidos a votación ciudadana.
- Modificar el mecanismo de revocación de mandato, para que pueda realizarse en el tercer o cuarto año del gobierno y no solo en el cuarto, como ocurre actualmente.
Sheinbaum ejemplificó los desequilibrios en el gasto legislativo con casos como el de Baja California, donde el costo anual por legislador asciende a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de alrededor de 5.1 millones.
“Primera propuesta: poner un tope máximo a lo que deben destinarse los presupuestos a los congresos locales. ¿Qué se haría con ese recurso? Que se quede en el estado o en el municipio para atender las necesidades de la gente”, explicó.
Según la presidenta, los recursos ahorrados podrían destinarse a infraestructura básica en los municipios, como agua potable, drenaje, alumbrado público o reparación de baches.
