La Reforma Electoral presentada este 25 de febrero por la presidenta Claudia Sheinbaum detonó una reacción inmediata de la oposición, que calificó la iniciativa como un retroceso democrático y una “aberración”, al advertir que pone en riesgo la autonomía de las autoridades electorales y la representación política.
La propuesta del Ejecutivo plantea una reconfiguración de las reglas electorales a partir de diez ejes, entre ellos la modificación del esquema de representación proporcional en el Congreso de la Unión, la reducción del gasto electoral, una mayor fiscalización de recursos, el voto de mexicanos en el extranjero.
Además, cambios en los tiempos de radio y televisión, la regulación del uso de la inteligencia artificial en campañas, nuevos mecanismos de cómputo distrital, el fortalecimiento de la democracia participativa, así como la prohibición del nepotismo y de la reelección.
De acuerdo con lo expuesto en Palacio Nacional, la iniciativa se articula en torno a cuatro ejes centrales: representación proporcional, reducción del gasto, mayor fiscalización y fortalecimiento de la participación ciudadana, y será enviada al Congreso de la Unión la próxima semana sin cambios adicionales.
¿CUÁLES SON LAS REACCIONES DE LA OPOSICIÓN?
Desde el PRI, su dirigente y senador Alejandro Moreno Cárdenas lanzó una de las críticas más duras al señalar que respaldar la propuesta equivale a someterse al gobierno.
“El partido político de oposición que vaya con una iniciativa de reforma electoral que sería la ley Maduro, que es destruir el sistema democrático, que es destruir la representación de los partidos, es porque están arrodillados y le tienen miedo al gobierno”, sostuvo.
Afirmó además: “¿Quién puede ir con una Reforma Electoral que destruye la democracia en México? Eso sería cobarde incluso, no solo que voten, que se sienten, porque ya les dije, hay muchos de la oposición, claro, no del PRI, del PAN o del MC, que andan de prontitos ahí siempre”.
El señalamiento de que la reforma abre la puerta a un modelo autoritario fue retomado por el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, quien afirmó que se trata de la consolidación de un proceso de debilitamiento institucional.
“A ver, es la ‘Ley Maduro’ que tanto el PRI ha estado subrayando, obviamente es la confirmación de un Estado autoritario que se construye todos los días con MORENA, de un partido único, lo que se presenta ahí es una aberración”, dijo.
En la misma línea, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, adelantó que su bancada no acompañará la iniciativa al considerar que no establece sanciones contundentes contra el financiamiento del crimen organizado en campañas. “El PAN no va a acompañar la reforma electoral”, advirtió, y acusó que el verdadero objetivo es debilitar al árbitro electoral.
Desde Movimiento Ciudadano, su dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez calificó la propuesta como un error estratégico de Morena y acusó que el oficialismo actúa como si su permanencia en el poder estuviera garantizada. En redes sociales escribió: “Grave error de Morena y el gobierno actuar como si fueran a gobernar siempre. El poder no es eterno y los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Basta voltear y ver a quienes se beneficiaron de la sobrerrepresentación en el 2015”.
En tanto, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anticipó que su partido tampoco respaldará la iniciativa mientras no se blinden las elecciones contra recursos ilícitos. En un mensaje difundido en redes sociales advirtió:
“Si Morena quiere reforma electoral, primero debe blindar las elecciones contra el crimen organizado”. El dirigente panista insistió en que reducir el financiamiento público sin frenar el dinero ilegal abre la puerta a la delincuencia organizada y acusó al gobierno de cerrar filas frente a casos de presunta infiltración criminal en la política.
Las críticas también se centraron en la ausencia de mecanismos más severos para frenar la injerencia del crimen organizado. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que cualquier reforma debe priorizar ese objetivo: “si vamos a reformar las leyes electorales que sea para evitar que los delincuentes no se sientan dueños de diputados, alcaldes o gobernadores”. Subrayó además que no se debe lastimar la representación de las minorías ni la certeza del voto ciudadano.
