La diputada Azucena Huerta Romero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para sancionar penalmente a quienes se apropien de manera indebida de la Pensión del Bienestar u otros recursos económicos de personas mayores de 65 años, aprovechándose de su cercanía familiar, de tutela o de confianza.
La propuesta plantea tipificar en la legislación federal el delito de “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, con penas que van de cuatro a ocho años de prisión, además de multas de 200 a 500 días de salario. En los casos en que la víctima tenga alguna discapacidad o una condición que limite su capacidad para comprender o resistir el abuso, la sanción podría incrementarse hasta en 50%.
De acuerdo con el proyecto, se busca modificar el Código Penal Federal mediante la incorporación de un nuevo capítulo que establezca que incurre en este delito cualquier persona que, sin consentimiento libre e informado, disponga de los recursos económicos, bienes o pensión de una persona adulta mayor.
La iniciativa también propone que este delito se persiga de oficio, es decir, sin que sea necesaria una denuncia previa por parte de la víctima.
Huerta Romero argumentó que el despojo de recursos económicos a personas adultas mayores por parte de familiares, tutores o personas cercanas es una práctica recurrente que, en muchos casos, queda impune debido a que la legislación actual exige querella. Señaló que el miedo al abandono, a represalias o la vergüenza impiden que las víctimas denuncien este tipo de abusos.
Además de las reformas penales, la iniciativa contempla modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer obligaciones a las instituciones financieras, tanto públicas como privadas. Entre ellas, se incluye la detección y notificación de movimientos sospechosos, así como la simplificación de trámites relacionados con el cobro de pensiones y otros servicios financieros para este sector de la población.
La legisladora subrayó que las mujeres adultas mayores son las principales víctimas de violencia patrimonial y económica. Citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que muestran que este grupo enfrenta mayores condiciones de dependencia económica, barreras de acceso a servicios y menor reconocimiento de sus derechos, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Según explicó, el objetivo central de la iniciativa es fortalecer la protección de los derechos económicos de las personas adultas mayores y cerrar vacíos legales que permiten la impunidad en estos casos. “Es urgente cerrar esta brecha legal y la persecución de oficio es una medida con perspectiva de género, diseñada para actuar en favor de las mujeres mayores que hoy no pueden denunciar”.
El proyecto fue turnado a las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y eventual dictaminación.
