¿Y tú, fumas, vapeas o prefieres el aire fresco?
En la última semana, una reforma a la Ley General de Salud, que busca prohibir y penalizar la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, ha sido tema de debate en el Congreso de la Unión, robándose todas las miradas.
Centralmente el debate se sostenía en si iban o no a criminalizar a los consumidores de ‘vape’ y cigarros electrónicos en general, o sólo se dejaría asentado en la Ley la prohibición en la comercialización de estos productos.
Ante ello, la Cámara de Diputados ya le dio el visto bueno a una reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la materia, no obstante hizo modificaciones al proyecto de reforma de Ley y eliminó una parte que podría interpretarse como criminalización de los consumidores.
Con ello, se darían penas de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 226 mil pesos a quienes producen, comercializan y obtienen lucro indebido de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Pero la lucha por regular estos productos no es nueva, el gobierno mexicano pasó en poco más de cinco años, entre los sexenios de Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de una regulación limitada —con la importación prohibida— a una prohibición constitucional total y penalidad criminal para el mercado del ‘vapeo’.
Es por ello que, hoy, en Nación321 te contamos cómo ha sido el camino de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación contra estos artefactos que, de forma comprobada, afectan directamente a la salud humana.
PRIMER ROUND: EL DECRETO DE AMLO
El 19 de febrero de 2020, mediante un decreto presidencial, emitido por el expresidente López Obrador, quedó prohibida la importación de cigarrillos electrónicos, dispositivos de vaporización y sistemas similares.
Esa decisión modificó la regulación aduanal vinculada a tabaco, con la intención de frenar la entrada de estos aparatos al país.
El decreto buscaba ser un primer intento para cerrar una vía de suministro, aunque no regulaba aún la producción nacional ni su uso privado.
SEGUNDO ROUND: EL RESPALDO INSTITUCIONAL
En noviembre de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria contra los vapeadores, alegando los graves daños a la salud que generan y los efectos negativos de los cigarros electrónicos frente al control de la epidemia del tabaquismo.
“Ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte de Cofepris, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo”, señalaba un comunicado publicado por la institución reguladora.
Además, ante los amparos de algunas empresas comercializadoras de ‘vape’, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró ese año la prohibición para importar, comercializar y comprar, entre otras acciones, cigarros electrónicos, también conocidos como vaporizadores o vapeadores, en todo el país.
La Segunda Sala de la Corte determinó que dicha prohibición “es constitucionalmente admisible en la medida que pretende que no se refuerce el consumo del tabaco ni se estimule la adquisición de productos que sí son de tabaco”.
TERCER ROUND: OTRO DECRETO
El 31 de mayo de 2022, el gobierno de López Obrador intentó dar otro knockout en la materia y emitió un nuevo decreto, para prohibir la circulación y comercialización de vapeadores, cigarros electrónicos y sistemas similares en todo México.
López Obrador justificó la medida con argumentos acerca de la salud pública: alegó que estos dispositivos no son una alternativa segura al tabaco, apuntando la presencia de sustancias tóxicas.
La nueva prohibición implicó el cierre formal de un mercado legal para venta y distribución, maximizando el comercio clandestino y dejando más dudas sobre el contenido de los cigarros electrónicos que se movían en ese mercado.
Entonces, el gobierno mexicano lanzó, para acompañar su nuevo decreto, una campaña de sensibilización sobre el uso dañino de vapeadores.
CUARTO ROUND: UN 2024 ‘REFORMADOR′
El pasado 3 y 11 de diciembre de 2024, ya durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaron una reforma constitucional en materia de salud, cuyo objetivo era la prohibición de los vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos electrónicos análogos y otras sustancias tóxicas.
La reforma adicionó un párrafo a los artículo 4° y 5° de la Constitución.
La modificación del artículo 4° establece que para garantizar la protección a la salud de las personas “queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadeores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
Mientras tanto, el artículo 5° establece que “queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación” de los aparatos y sustancias mencionadas en el artículo anterior.
QUINTO ROUND... ¿Y EL ÚLTIMO?
Actualmente, se discute en el Congreso de la Unión, una reforma la Ley General de Salud, en materia de prohibición de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos.
Aunque la prohibición ya es constitucional, esta reforma busca armonizar la Ley en ese sentido y que se pueda penalizar formalmente la comercialización de vapedores y cigarrillos electrónicos, que tanto AMLO como Sheinbaum han criticado abiertamente por ser perjudiciales para la salud.
¿Crees que esta vez la 4T sí pueda consolidar su knockout técnico contra los vapeadores?
