El Senado de la República inició este jueves el análisis de la minuta para expedir la Ley General de Aguas, luego de que la Cámara de Diputados enviara el proyecto apenas unas horas antes.
Con 83 votos a favor y 27 en contra, la mayoría integrada por Morena, PT y PVEM aprobó que el dictamen fuera considerado de “urgente resolución”, lo que permitió saltar su envío a comisiones y colocarlo directamente en el centro del debate del Pleno.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que la Cámara de Diputados remitió el documento y que la naturaleza del tema exige actuar sin demoras.
Recordó que el Congreso arrastra desde 2013 la obligación de emitir esta ley reglamentaria del artículo 4 constitucional, y señaló que “toda vez que nos encontramos ante una problemática cuyo retraso legislativo prolonga atenciones sociales, institucionales y territoriales que requieren inmediata atención por parte del Estado”, el Senado debía responder con celeridad.
Castillo Juárez advirtió que posponer la discusión representaría mantener vacíos normativos en un contexto de creciente presión hídrica en diversas regiones del país. Añadió que la situación actual demanda decisiones rápidas para evitar mayores riesgos en la provisión de servicios y en la gobernabilidad del recurso.
El debate en el Pleno inició luego de que se rechazara la moción suspensiva presentada por el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés. Con 27 votos a favor y 85 en contra, la mayoría desechó su solicitud de frenar la discusión.
Anaya argumentó que la reforma busca el control del agua y que “tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión y ahora lo que se establece es que reasigne el volumen, siempre y cuando el gobierno quiera”, además de acusar que no se destinan recursos para atender fugas o modernizar sistemas de riego.
Desde Morena, Adán Augusto López Hernández respondió a la impugnación, al explicar que la minuta precisa que “cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua a que se refiere al presente capítulo, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes”.
Agregó que, tras ese proceso, “la autoridad del agua, una vez efectuado el cambio de dominio, expedirá un nuevo título de concesión conforme a las características de uso y volumen del título original y por el plazo remanente de su vigencia en los términos previstos en la presente ley, exceptuando el análisis de la disponibilidad”.
La discusión avanza en un escenario nacional marcado por problemas de acceso, disponibilidad y calidad del agua, especialmente para comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.
La minuta propone una nueva estructura para la gestión del recurso, al establecer bases y competencias para su uso equitativo y sustentable, y reconocer su interdependencia con otros derechos humanos. El documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria vespertina tras un debate de más de 24 horas en San Lázaro.
Con la deliberación ya abierta en el Senado, los grupos parlamentarios comenzaron a fijar sus posicionamientos rumbo a la votación que definirá si el país finalmente contará con un nuevo marco legal para la gestión del agua, pendiente desde hace más de una década.
