Integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidieron a diferentes instituciones comenzar una investigación a las declaraciones patrimoniales del senador de Morena, Adán Augusto López, por “posibles incongruencias”.
En un desplegado, integrantes de los Comités y/o Consejos de Participación Ciudadana y/o Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción, indicaron que dicho posicionamiento se da tras las noticias difundidas sobre el patrimonio del exsecretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“En días recientes se han difundido señalamientos públicos sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés, relacionados con el senador Adán Augusto López Hernández”, indicaron en un comunicado.
Destacaron que “frente a la relevancia de la investidura legislativa y el deber de ejemplo de quienes integran el Senado, es necesario aclarar, sin ambigüedades, cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.
Por lo anterior, hicieron un llamado al Senado de la República (Mesa Directiva) para “asegurar que la Cámara no sea utilizada como escudo para evadir responsabilidades y que se faciliten las aclaraciones necesarias con la máxima publicidad posible”.
Pidieron al Órgano Interno de Control del Senado “realizar las verificaciones y cruces de información de las declaraciones patrimoniales, de intereses y constancias fiscales, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
En tanto, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), urgieron confirmar, conforme a sus facultades y tiempos procesales, la consistencia fiscal de la información pública difundida y determinar lo que a derecho corresponda".
A la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el ente de fiscalización del estado de Tabasco solicitaron “revisar, en su caso, contrataciones y flujos vinculados al periodo referido e informar públicamente sus hallazgos”.
Finalmente, exigieron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República (FGR) valorar la procedencia de la apertura o continuación de indagatorias sobre eventuales operaciones inusuales y, de ser el caso, judicializar con estricto apego a derecho.
